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ADVERTENCIAS

A continuación de muchos de los artículos del Código se hallan citados aquellos con los cuales guarda relación el artículo que es objeto de la anotación.

La correspondencia de los artículos del Código la hacemos extensiva á los respectivos de la Constitución, del Código Civil y del Código Político y Mu• nicipal.

Los artículos que en las citas se refieran á la Constitución ó á un Código diferente, se separan de los anteriores por este signo:

Los ordinales de un artículo se separan de la cita de otro artículo por me. dio de punto y coma.

Las letras C. C. significan Código Civil; y éstas: P. y M. designan el C6digo Político y Municipal.

Las exposiciones en tipo diferente del en que se halla cada artículo, y que están al pie de éstos, son nuestros propios comentarios, para los cuales solicitamos humilde y respetuosamente la benevolencia de los lectores.

A continuación de este Código se hallan tanto las leyes adicionales y refortorias del mismo, como las que adieionan y reforman el Código Judicial, todas metódicamente distribuídas.

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(Corresponde al 1.o del Proyecto). El Poder Judicial de la Nación se ejerce por el Senado, la Corte Suprema, los Tribunales Superiores de Distrito, los Jueces Superiores de Distrito Judicial, los Jueces de Circuíto, los Jueces Municipales y los Tribunales Militares.

Dos incisos constituyen el artículo que en el Proyecto corresponde al presente.

La Comisión Legislativa, á cuyo estudio pasó el Proyecto, acogió sin variación alguna el inciso primero, como artículo primero de este Código, y desechó el inciso segundo.

En este segundo inciso se disponía que los Jefes de Policía de ciertas localidades ejercerían determinadas funciones judiciales, y que lo propio sucedería con los Recaudadores de las rentas públicas, á quienes se investía de jurisdicción coactiva.

La indicada Comisión no acogió dicho inciso segundo, ya porque en lo relativo á los Jefes de Policía lo estimó contrario al artículo 61 de la Constitución, que dice que "ninguna persona ó Corporación podrá ejercer simultáneamente, en tiempo de paz, la autoridad política ó civil y la judicial ó la militar;" ya porque, en lo tocante à la jurisdicción coactiva de los Recaudadores, la Comisión juzgó que teniendo éstos dicha jurisdicción en virtud de leyes especiales, no era preciso conferirsela. Además, consideró que al ejercer los Recaudadores la jurisdicción coactiva de que están investidos, no resuelven controversia alguna, por lo cual no son en rigor Jueces, y no siéndolo, no era propio hacer mención de tales empleados en un artículo cuyo objeto es, precisamente, designar lus entidades que ejercen el Poder Judicial de la Nación.

En cuanto al inciso primero, que es exactamente el artículo 1.o de este Código, debe notarse que en él se prescinde de los dos Juzgados Ejecutores del Circuito Judicial de Bogotá, lo cual da lugar á esta cuestión :

¿Están eliminados estos empleos ?

Creemos conveniente hacer constar ciertos hechos de que tenemos personal conocimiento, porque aunque nuestras afirmaciones no pueden servir de base para la interpretación de la ley, por carecer de autenticidad, preparan y facilitan la solución de la cuestión, pues explican satisfactoriamente el procedimiento observado por la Comisión Legislativa, en cuanto ella se abstuvo de establecer Tribunales y Juzgados; y en cuanto derogó expresamente ciertas disposiciones sobre organización judicial, y conservó otras.

La Comisión estimó conveniente abstenerse en el sentido indicado, porque las disposiciones relativas á creación de Tribunales y Juzgados, y demarcación de territorios afectan muchos intereses, y ofrecen diticultades para cuya solución se necesita tiempo relativamente amplio, no siéndolo el de que se disponía. Además, como las disposiciones de que hablamos son objeto de frecuentes alteraciones, la Comisión juzgó que si las incorporaba en el Código, éste se resentiría con lus modificaciones constantes que á dichas disposiciones se hiciesen; más aún, advirtió que con ello se daría ocasión para que muy en breve los demás artículos del Código también se reformasen ó adicionasen, y no pocos se derogasen, lo cual era introducir en el Código mismo el principio de su instabilidad.

Tal es el origen del artículo 11, en el cual se dispone que en ley especial se dividirá el territorio de la República en Distritos y Circuitos Judiciales, y se fijarán las cabeceras de unos y otros.

En consonancia coa el artículo 11 se redactaron los artículos 61, 64, 65, 90 y 101. También se redactó, en correspondencia con el 11, y en términos diferentes de los en que aparece, el 230, pues por éste se derogaban todas las disposiciones relativas á la organización del Poder Judicial, sobre la base de que en la indicada ley especial se llenarían los vacíos que quedaran á virtud de la derogación de tales disposiciones.

Desgraciadamente sucedió que cuando la Comisión Legislativa hubo preparado el Proyecto de este Código, aún se carecía de los datos necesarios para la formación de la ley de división judicial, datos cuya adquisición oportuna ya no podía esperarse. Se pensó entonces en rehacer el Proyecto de Código para colocar en él, no obstante los inconvenientes indicados, las disposiciones sobre que debía versur la ley de división judicial, pero se advirtió que ni aun para esto había tiempo; que si se retardaba la presentación del Proyecto, co sería ley de la República, porque estaba próximo el día en que el Congreso debía terminar sus tareas, y que si tal como se verificaba, subsistiría el gravísimo inconveniente de hallarse dispersas las disposiciones que regían sobre orga; vización y atribuciones de los Tribunales y Juzgados. En esta situación se adoptó el medio de derogar expresamente, de las leyes reformatorias vigentes, todos los artículos que se reproducían en el Proyecto, y no derogar ninguno de los que verran sobre formación de Distritos y Circuítos Judiciales, y creación de Tribunales y Juzgados; lo cual era bastante, en concepto de la Comisión, para que los artículos no derogados de una manera expresa tuvieseu aplicación. Es cierto que la Comisión acogió la idea del autor del Proyecto, de suprimir los Juzgados Ejecutores, pero estimó necesario reemplazarlos por Juzgados de Circuíto en la ley de división judicial; por esto, cuando se apercibió la Comisión de que esta ley no se expediría, no comprendió entre los artículos que se derogaban expresamente, los que se refieren á aquellos Juzgados.

Vamos ahora á dar solución á la cuestión propuesta.

Para ello nos basta probar que los artículos 25 á 32 de la Ley 143 de 1887, los Juzgados Ejecutores de Bogotá y les asignan atribuciones, no están derogados. En efecto, no lo están de una manera expresa, pues no se mencionan entre los que se derogan. Tampoco están derogados túcitamente, porque para que lo estuviesen era necesario que ocurriera una de dos circunstancias: ó quo en este Código o en otra ley se hallase alguna disposición que fucse contraria á ellos, disposición que no existe ; ó que esto mismo Código reglase integramente la materia sobre que versan los artículos, es decir, la materia relativa i la creación de Tribunales y Juzgados, lo cual no sucede, pues el artículo 11 y sus concordantes sc refieren, como ya hemos dicho, á la ley de división judicial, en la cual debía reglarse la materia. Luego los artículos 25 á 32 están vigentes, y en consecuencia, no están eliminados los indicados empleos.

No produce la derogación de los memorados artículos 25 á 32 el hecho de no men. cionarse los Jueces Ejecutores en el presente artículo, porque no hay ley que disponga que cuando se incurra en una omisión de esta especie, se consideren derogadas las disposiciones concomitantes.

Puede decirse que el propósito de suprimir los Juzgados Ejecutores es manifiesto; que si el Legislador no hubiese tenido esta intención, lo natural, y conveniente, y conforme á un buen sistema de exposición, labría sido mencionarlos en el artículo en que se nombrau las entidades que cocstituyen el Poder Judicial; que la omisión que ha tenido lugar no puede imputarse á involuntario olvido, porque al redactar el autor del Proyecto el artículo 1.', y al hacer la Comisión Legislativa el examen de él, se tuvo á la vista, sin duda alguna, el artículo correspondiente de la Ley 61 de 1886, en que se nombran estos Jueces. Todo esto puede decirse, pero no es razón para estimar dero. gados tácitamente los artículos 25 á 32, citados.

que créan

Artículo 2.0

(Corresponde al 2.° del Proyecto). Los cargos del Orden Judicial y los del Ministerio Público no son acumnlables; y son incompatibles con el ejercicio de cnalquiera otro cargo retribuído. Dichos cargos son igualmente incompatibles con toda participación en el ejercicio de la abogacía.

6.°, ordinal 2.°; 21, 68, 213, 216.—147, inciso 2.°, 119, 159 de la Constitución.

El artículo 2.o del Proyecto consta de tres incisos, de los cuales tan sólo se aceptó el primero, haciendo extensiva á los empleados del Ministerio Público la prohibición que el mismo inciso establece respecto de los cargos del orden judicial. Tal es la única diferencia que existe entre el inciso 1.o del artículo del Proyecto y el articulo que comentamos.

En el segundo inciso del mismo artículo del Proyecto se prohibe la supresión de los empleos judiciales, y la disminución del período de duración á menos de cuatro años para los Jueces Superiores y los de Circuíto, y á menos de uno para los Municipales, en ios casos en que se afecten los derechos de las personas que sirvan los empleos.

En el tercer incisu se prohibe la supresión de los Tribunales de Distrito con perjui. cio de los Magistrados que los sirvan; pero se permite formar un solo Tribunal con el personal de dos ó más.

La principal razón que se tuvo para no aceptar estos dos incisos fué su inutilidad, por cuanto es el Legislador mismo quien puede suprimir un empleo judicial, ó disminuír un período de duración, y eliminar un Tribunal; y no es ubstáculo para que esto haga el que haya una ley que lo prohiba: la nueva ley deroga la anterior que le es contraria.

El presente artículo es análogo al 159 de la Constitución. Este dice:

"Art. 159. Los carges del orden judicial no son acumulables; y son incompatibles con el ejercicio de cualquiera otro cargo retribuído, y con toda participación en el ejercicio de la abogacía."

Para resolver con facilidad las varias cuestiones que ocurren sobre incompatibilidad de los empleos del crden judicial, vimos á establecer algunos principios fundamentales.

¿En qué consiste la adquisición de un cargo público? ¿Cuándo puede decirse que on individuo tiene un cargo público?

Desde luego es evidente que á virtud del simple nombramiento no se adquiere el cargo; pero si al nombramiento sigue la aceptación del mismo, se inclina uno á pensar que el aceptante ha adquirido el cargo para que se le nombró; sin embargo obsérvese que si la aceptación confirieso realmente el carácter de empleado ai individuo que acepta un empleo, le sería licito entrar á ejercerlo, lo cual no se verifica, porque debe preceder la posesióu del empleo, especialmente si se trata de un funcionario público, pues tanto la Constitución-artículo 65-como el Código Político y Municipal-artículo 287–disponen que ningún funcionario entrará á ejercer su cargo sin prestar juramento de sostener y defender la Constitución y de cumplir los deberes que le incumban.” El Código Po. kítico y Municipal agrega:

“Esto es lo que se llama posesión del empleo, ó bien tomar posesión de él.La posesión es, pues, el acto que consuma la alquisición del cargo, por cuanto sin la posesión no puede ejercerse éste; y no pudiendo ejercerse, es claro que aún no se tiene. En consecuencia, la adquisición de un cargo público, para un emplea. do principal, la constituyen tres hechos: el nombramiento, la aceptación y la posesión. (1)

Ahora bien: si la aceptación es apenas un elemento constitutivo de la adquisición del empleo, es claro que las leyes que se limitan á permitir la aceptación de un nombramiento, ó de un cargo, no autorizan al aceptante para tomar posesión del mismo, y menos para ejercerlo. Las leyes distinguen expresamente entre la aceptación de un cargo y la posesión de él. El Código Político y Municipal dice:

"Art. 284. El individuo nombrado para un empleo de voluntaria aceptación ten. drá diez días para aceptarlo ó rehusarlo, y otros diez, para posesionarse y entrar á ser. virlo ...

“Si hubiere algún inconveniente para entrar á funcionar, podrá concedérsele per. miso para demorar la posesión....

Como el permiso de que habla este último inciso es para demorar la posesión, claro es que no puede concederse permiso para demorar la aceptación. Esta circunstancia se estima al resolver una de las varias cuestiones que trataremos.

( Respecto de los Magistrados de la Corte Suprema se requiere además la aprobación del Senado.

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