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nian presentado escrito pidiendo testimonio de ellas para entablar recurso de casacion, convinieron con la Doña Victoria en devolver a esta todos los derechos al vínculo, dejando rescindido, sin valor ni efecto el expresado contrato de 6 de Marzo de 1871, y devolviéndoles ésta los 50,000 rs. tan pronto como se resuelva en definitiva satisfactoriamente el mencionado recurso de casacion, y dando por concluso el otro pleito sobre lesion enormisima:

Resultando que, fundándose en la anterior escritura de 5 de Enero de 1875, se ha presentado en este Tribunal Supremo la Doña Victoria en escrito de papel de oficio, firmado por un Fernando Bahamonde en 28 del mismo mes, diciéndose que aquella no sabe firmar, y pidiendo se la tenga por parte en dichos autos de reivindicacion de cinco casas en el estado en que se encuentra de estar preparando el recurso de casacion para continuarlo por sí misma; que se la admita informacion de pobreza, á cuyo efecto se le nombre Abogado y Procurador de oficio, y que entre tanto se la defienda con este beneficio:

Resultando que pasado este escrito por la Secretaría de Gobierno en 6 de Febrero a la Sala, y comunicado en 9 al señor Fiscal, quien como representante del Estado ha intervenido en los autos mencionados, se ha opuesto este á que se tenga por parte á la Doña Victoria Azuela, á que se la reconozca la representacion que desea, á que se la nombre Procurador y Abogado, y á que se la admita justificacion de pobreza:

Resultando que en 16 de Febrero la Doña Victoria ha otorgado poder general para pleitos a favor del Procurador D. Angel Monares é Insa y otros dos, y con presentacion del mismo y escrito, firmado de Letrado, pero en papel de oficio, con fecha 17 de Febrero último reproduce las pretensiones del de 28 de Enero, y pide se le tenga por parte en el recurso preparado y valedera su pretension:

Resultando que del testimonio mandado librar por la Sala primera de la Audiencia de este distrito aparece que en el Juzgado del Centro fueron promovidos a nombre de Doña Victoria, y seguidos por D. Gregorio Martinez Irizar y D. Lázaro Garcia Moreno, subrogados por cesion en los derechos de aquella, contra D. José Mingo Galan y otros, y el Ministerio fiscal, citado de evicion en representacion del Estado, sobre la expresada reivindicacion de cinco casas sitas en esta capital: que por sentencia definitiva de dicho Juzgado de 3 de Junio de 1873 se declaró no haber lugar á la demanda, absolviendo de ella á los demandados: que D. Gregorio Martinez Irizar y D. Lázaro García Moreno interpusieron apelacion de dicha sentencia: y que remitidos á su virtud los autos á la Audiencia, y sustanciados en la indicada Sala, pronunció esta en 26 de Diciembre de 1874 su sentencia confirmada la apelada, con expresa imposicion de todas las costas á Martinez Irizar y Garcia Moreno; y que éstos en 4 de Enero de 1875 para entablar recurso de casacion pidieron a la Sala testimonio de ambas sentencias, que les fué entregado en 16 del mismo Enero con los emplazamientos correspondien: tes a la parte demandada:

Resultando que en 26 de Febrero último se presentó un escrito á nombre de la Doña Victoria Azuela en papel de oficio y en los mismos términos que el precedente, interponiendo recurso de casacion contra dicha sentencia, y citando varias leyes como infringidas; y la parte demandada, presentada en debida forma, se ha opuesto a que se tenga por parte a Doña Victoria; y posteriormente en escrito de 9 del corriente mes, fundándose en que han trascurrido los 40 dias en que el Martinez Irizar y el García Moreno han podido interponer el recurso, sin que lo hayan realizado, ha solicitado se declare decaido el derecho que al efecto pudieran tener y firme la expresada sentencia de la Audiencia:

Siendo Ponente el Magistrado D. Laureano de Arrieta:

Considerando que, segun jurisprudencia de este Tribuual Supremo, dirigida a impedir graves abusos é inconvenientes que la experiencia había demostrado, no es admisible para el objeto de interponer recurso de casacion la cesion de derecho realizada por el litigante, que durante el pleito se ha defendido como rico, en favor de quien disfruta ó pretende disfrutar del beneficio de litigar en concepto de pobre.

Considerando que en este caso se encuentra la trasmision de derechos consignada en la escritura de 5 de Enero de 1875 por D. Gregorio Martinez Irizar y D. Lázaro García Moreno en favor de Doña Victoria Azuela y Ezquerra, puesto que aquellos siguieron por si solos y en concepto de ricos el indicado pleito de reivindicacion de fincas hasta despues de haberse terminado por sentencia definitiva de vista de 26 de Diciembre de 1874, habiendo llegado á solicitar por sí mismos en 4 de Enero siguiente, es decir, un dia antes de la indicada cesion, la correspondiente certificacion para interponer recurso de casacion ante este Tribunal Supremo, y puesto que la supuesta cesionaria Doña Victoria no ha practicado para este objeto diligencia alguna, sino suponiéndose amparada de aquel beneficio que intenta obtener:

Considerando que, tanto por la mencionada razon como por la de que en tal recurso no puede ser parte quien no lo haya sido en el litigio hubiera sido indispensable que el presente se interpusiera por los mencionados Martinez Irizar y D. Lázaro Garcia Moreno dentro deltérmino de 10 dias, contados desde el 16 de Enero, en que dicha certificacion les fue entregada, y prévio el depósito de 1,000 pesetas, con arreglo á lo prevenido en los artículos 10 y 26 de la ley provisional sobre reforma de la casacion civil:

Considerando que era tanto más necesaria y procedente la intervencion de Martinez Irizar y Garcia Moreno en el intentado recurso, cuanto que por la sentencia contra que se dirige han sido expresamente condenados al pago de todas las costas del pleito, extremo sobre el cual nada se ha estipulado en la cesion referida:

Considerando, por último, que dichos interesados, únicos que pudieran válidamente haber interpuesto el mencionado recurso, han dejado trascurrir sin verificarlo el referido término fatal que al efecto señala la ley, por cuya omision la parte demandada les ha acusado oportunamente la rebeldía;

Se declara que no há lugar á tener por parte en estos autos Doña Victoria Azuela y Ezquerra, ni por consiguiente á la admision del recurso de casacion interpuesto contra la sentencia pronunciada por la Sala primera de la Audiencia de este territorio en 26 de Diciembre de 1874, debiendo reintegrar aquella interesada con el papel sellado correspondiente el de oficio de que indebidamente ha hecho uso, y á abonar las costas de este incidente, á cuyo pago se la condena. Se declara asimismo firme la mencionada sentencia, y decaído el derecho de Don Gregorio Martinez Irizar y D. Lázaro García Moreno para interponer dicho recurso contra ella.

Madrid 15 de Marzo de 1875.-José M. Cáceres.-Laureano de Arieta.- José Fermin de Muro.- Juan Cano Manuel.-Benito de Ulloa y

Rey.-Licenciado Mariano Fernandez Garcia.-(Gaceta de 6 dc Agosto de 1875.)

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187. Recnrso de casacion en asunto de Ultramar (27 de Abril de 1875.).— DEFENSA POR POBRE.-Se declara por la Sala primera del Tribunal Supremo no haber lugar al recurso de casacion interpuesto por Don Juan Garcia Mosquera contra la sentencia pronunciada por la Sala primera de la Audiencia de la Habana, en pleito con el sindico de la quiebra de D. Juan Manuel Pardo y compañía, yo se resuelve:

1.° Que para apreciar la cuantía del caudal que posee la persona que aspira á obtener el beneficio de litigar por pobre, deben acumularse y tenerse en cuenta los diferentes modos de vivir que reune, examinando si todos juntos exceden ó no del tipo de riqueza que marca la ley;

Y 2.o que el art. 184 de la ley de Enjuiciamiento civil autoriza al Juez para graduar, segun su juicio, los medios de subsistencia que reuna el litigante, segun los signos exteriores de riqueza que se presenten.

En la villa y Corte de Madrid, á 27 de Abril de 1878, en los autos pendientes anté Nos en virtud de recurso de casacion por infraccion de ley, seguido en el Juzgado de primera instancia del distrito de Jesús y Maria de la Habana y en la Sala primera de la Audiencia de su territorio, incidentales de la quiebra de D. Juan Manuel Pardo y compañía, por el sindico de la misma para que se declare que el acreedor D. Juan Garcia Mosquera no tiene derecho á continuar defendiéndose en concepto de pobre:

Resultando que en el incidente promovido en la quiebra de D. Juan Manuel Pardo y compañia por D. Juan Garcia Mosquera sobre reconocimiento de un crédito, solicitó el sindico de la quiebra en escrito de 20 de Junio de 1872, en atencion a que D. Juan Garcia Mosquera no era ya insolvente, pues habia recibido de los fondos de la quiebra 5,030 pesos, capital cuyos réditos pasaria del doble jornal de un bracero, que se le condenase al reintegro de la diferencia del papel usado desde que recibió dicha suma, no volviendo a admitirle ninguna instancia que no estuviera en el papel correspondiente:

Resultando que D. Juan García Mosquera impugnó esta pretension porque la suma cobrada no bastaba para reputarle rico, pues su interés à un 8 por 100 ascendia á 402 pesos anuales, que no llegaba ni con mucho al doble jornal de un bracero, o fuera à 60 pesos, y aun elevado el interés al ! por 100 mensual sólo llegaba a 50 pesos: que tampoco era cierto que hubiera recibido la indicada suma, pues habia tenido que satisfacer de ella las costas que se le ocasionaron, que importaron 1,300 pesos; y que esta pretension era posterior á una resolucion dictada por el Juzgado en la segunda seccion de la quiebra, y en la que pretendiendo el sindico que Mosquera no era ya parte en ella por haber percibido el importe de su crédito, se desestimó tal solicitud porque Mosquera era tal acreedor hasta que el auto quedase firme y ejecutoriado; razon que invocaba en su favor, pues si no se hallaba en la quieta y pacífica po

RECURSOS Y COMPETENCIAS.

9 sesion de la indicada suma por hallarse sujeto á lo que la Audiencia resolviera, no podia ser calificado de rico hasta tanto que en dicho pleito recayera una sentencia firme:

Resultando que oido el Ministerio fiscal, se pidió informe para mejor proveer al Gobierno politico; y que el Inspector D. Manuel Araujo informó que Garcia Mosquera vivia en la casa núm. 20 de la calle de Compostela, por su cuenta: decian que era corredor, siendo decente el moviliario de su casa: que habia estado preso alguna vez, haciéndose algo dudosos los medios de subsistencia: informando además el Inspector D. Juan Prats que vivia sujeto á vigilancia por órden superior por infidencia, siendo su conducta dudosa; y aunque se decia que sostenia sus obligaciones por medio de negocios que hacia en la plaza, no se sabia nada de bienes; pero abonaba 60 pesos mensuales en el hotel de San Cárlos, calle de los Oficios, núm. 35, y se le veia con toda decencia vestir y gastar dinero, proporcionándose toda comodidad.

Resultando que el Escribano actuario certificó que en 14 de Mayo de aquel año 1872 percibió Mosquera de los fondos de la quiebra 4,735 pesos 7 rs., habiendo quedado en poder del actuario 294 pesos un real que dejó para abonar con ellos el resto de las costas que le correspondia satisfacer en aquel juicio, ascendiendo su parte a 1,508 pesos 7 y medio reales:

Resultando que el Juez de primera instancia dictó sentencia, que confirmó con las costas en 20 de Febrero de 1873 la Sala primera de la Audiencia de la Habana, declarando que D. Juan Garcia Mosquera habia dejado de ser pobre el 14 de Mayo de aquel año, condenándole á que indemnizase la diferencia del papel que habia usado y las costas, con arreglo al artículo 193 de la referida ley:

Resultando que D. Juan Garcia Mosquera interpuso recurso de casacion por haberse infringido a su juicio:

4.0 Los articulos 181 y 182 de la ley de Enjuiciamiento civil, puesto que carecia de bienes de fortuna y habia sido declarado pobre å virtad de providencia que causó ejecutoria; y si bien el sindico habia solicitado que se le declarase solvente porque habia recibido 5,030 pesos, tuvo necesidad de pagar de ellos por razon de costas 1,587;

Y 2.° El art. 184 de la referida ley, pues de las circunstancias del recurrente no se inferia lógicamente que hubiera venido á mejor fortuna, resultando por lo contrario de lo actuado que continuaba siendo insolvente:

Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Juan Cano Manuel:

Considerando que para apreciar la cuantia del caudal que posee la persona que aspira á obtener el beneficio de litigar por pobre deben acumularse y tenerse en cuenta los diferentes modos de vivir que reune, examinando si todos juntos exceden ó no del tipo de riqueza que marca la ley:

Considerando, además, que el art. 184 de la ley de Enjuiciamiento civil autoriza al Juez para graduar, segun su juicio, los medios de subsistencia que reuna el litigante, segun los signos exteriores de riqueza que se presenten:

Considerando que, atendido el producto de los 4,735 pesos líquidos que aparece del testimonio obrante en autos haber recibido Mosquera, el oficio de corredor que se dice ejercia y los signos exteriores de riqueza que ofrecen el alquiler de una casa, su moviliario y el hospedaje de 60 pesos mensuales que pagaba en otra parte, su porte decente y la TOMO XXXII

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holgura y comodidad con que vive, la Sala sentenciadora, al negarle el

. beneficio de pobreza por conceptuar que sus medios de subsistencia exceden al doble jornal de un bracero, no infringe, como se supone,

los articulos 181, 182 y 184 de la ley de Enjuiciamiento civil;

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casacion interpuesto por D. Juan Garcia Mosquera, á quien condenamos por razon de deposito al pago de la cantidad por que presto caucion, que se distribuirá con arreglo a la ley, y en las costas; y librese á la Audiencia de la Habana la certificacion correspondiente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta y se insertará en la Coleccion legislativa. pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Juan Gonzalez Acevedo.—Laureano de Arrieta.—Hilario de Igon.- José Fermin de Muro. ,- Juan Cano Manuel.–Ramon Diaz Vela.--Julian Gomez Inguanzo.

Publicacion.-Leida y publicada fué la precedente sentencia por el Excmo. Sr. D. Juan Cano Manuel, Magistrado de la Sala primera del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública la misma en el dia de hoy, de que certifico Escribano de Cámara.

Madrid 27 de Abril de 1875.-Rogelio Gonzalez Montes.-(Gaceta de 9 de Julio de 1873.)

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188.

Recurso de casacion (28 de Abril de 1875.).-DEFENSA POR POBRE.—Se declara por la Sala primera del Tribunal Supremo no haber lugar al recurso de casacion interpuesto por D. José Herraiz y Martinez contra la sentencia pronunciada por la Sala primera de lo civil de la Audiencia de Madrid, en pleito con D. Juan Herraiz y otro, y se resuelve:

Que al que solicita la declaracion de pobreza para litigar incumbe la obligacion de probar que es pobre en alguno de los conceptos que señala la ley de Enjuiciamiento civil en su art. 182, para que segun el mismo deba declarársele pobre; con la circunstancia de que si pretende gozar de este beneficio en la segunda instancia, porque no se haya defendido como tal en la primera, necesita justificar que con pos terioridad ha venido á ser pobre, cual se previene en el artículo 191 de la misma ley;

Y 2.° que no son admisibles los motivos de casacion que se alegan haciendo supuesto de la cuestion litigiosa y dando por probado lo que no lo está.

En la villa y Córte de Madrid, å 28 de Abril de 1875, en el pleito pendiente ante Nos en virtud de recurso de casacion por infraccion de ley, interpuesto por D. José Herraiz y Martinez contra la sentencia dictada por la Sala primera de lo civil de la Audiencia de esta capital, que ha negado al recurrente el beneficio de litigar como pobre con D. Juan Herraiz y D. Mariano García Ballo:

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