Sea ó no del todo exacta la teoría del insigne sociólogo, es un hecho que la vagancia puede desarrollar favorablemente el instinto criminal y que el Estado, apartándose de utopias so. cialistas que no habrían de concluir con el vago profesional, viene obligado á intervenir, si no para extirpar un mal inextirpable, á lo menos para prevenir sus desastrosos efectos en orden al bienestar económico y debida protección á la actividad honrada, en lucha con la actividad delincuente. El socialismo radical mantiene, à este respecto, una teoría verdaderamente irrealizable, al afirmar que con una igualitaria distribución económica de la riqueza, la vagancia desaparecería y se haría imposible la miseria en ciertas clases sociales, dis minuyendo consiguientemente la cifra de la criminalidad. Claro es, que merced á leyes sociales reguladoras del contrato de trabajo, abaratamiento de subsistencias y movimiento decapitales amortizados y que pudieran desarrollar el industrialismo, se mejoraría la situación del proletariado, pero no por ello desaparecería la vagancia, porque el principio de que cada uno no debe consumir más que aquello que produce, proporcionaría al holgazán medios fraudulentos para vivir sin trabajar y á costa del trabajo de los demás. El holgazán y vagabando por atrofia de su actividad, ó por fenómenos congénitos, no dejaría de serlo; y aun cuando, como algún escritor socialista propone, se sustituyese el dinero del salario por bonos en compensación del trabajo prestado, para con ellos tomar en los almacenes públicos aquello à que el trabajador tuviera derecho, no siendo capaces los vagos de proporcionárselos honradamen te, tratarían de apoderarse de los bonos por el engaño ó por la violencia. De suerte que el Estado se encuentra ante la morbosidad de la vagancia y la mendicidad, en la precisión de intervenir para evitar en lo posible sus derivaciones criminosas, y reconocida la insuficiencia de las leyes penales y la improceden. cia de la definición de aquellos males sociales como figura de delito, ni aun como accidentes agravatorios de incriminación, forzoso es acudir á ciertos sustitutivos de la pena, que constituyan un conjunto de medios de prevención evitativos en lo posible de la propagación de la dolencia, aunque no exentos del carácter de represión coactiva en muchos casos. La ley Belga de 1891, modificada en Diciembre de 1896, clasificaba acertadamente los vagabundos en habituales é incorregibles; en ocasionales,-obreros y trabajadores sin ocupación por causas accidentales ó enfermedades; -y vagabundos menores-por abandono material ó moral de sus padres ó personas encargadas de educarlos-. No hay para qué decir que el tratamiento de la vagancia es esencialmente distinto en cada una de esas clasificaciones y que el derecho social exigirá siempre el sacrificio del derecho individual, asilando forzosamente en algunos casos al vago y acometiéndole al trabajo obligatorio, lo cual ya no es meramente un sustitutivo de prevención, sino una forma coactiva de la obligación de trabajar. La ociosidad habitual, como la criminalidad en su cifra más elevada, se nutre en la labor educativa de la infancia. En los años primeros de la existencia, la buena ó mala semilla cosecha más tarde el fruto de bendición ó el fruto maldito de la criminalidad incorregible; y por eso se ha dicho con acierto que la salvación del niño abandonado es benéfica y redentora labor de muchas generaciones. La vagancia es la habitualidad en la repulsión al trabajo, generada en el descuido de un padre alcohólico ó de una madre indigna de ese nombre; en la educación imperfecta del menor, en el mal ejemplo, y sobre todo, en relajación creciente de la vida familiar, por la ausencia de quienes en el hogar y sus dulces afectos, no encuentran el encanto de la existencia, que sustituyen por la taberna, ó lugares de recreación que aflojan los vínculos de los cariños del alma. El Estado en su intervencionismo tiene el nobilísimo papel de crear, como lo han hecho todos los pueblos cultos, instituciones de asistencia y patronato, pero el ejemplo de Inglaterra realizando esa obra salvadora merced á la iniciativa de parti culares asociaciones, desligadas de la acción directa del Go bierno, es el más eficaz y positivo remedio à la gravedad de la dolencia social. Poseemos, por ejemplo, en España la ley de 23 de Julio de 1903, realmente protectora del desamparo de los menores y preventiva de la vagancia; pero la apatia del coeficiente social la hace en absoluto impracticable, pues antes al contrario la presencia de mendigar acompañados de niños de corta edad, excita positivamente la compasión de los limosneros de la calle. Y ello indica que la reforma de las costumbres, sin la cual no florecen las instituciones sociales obra de la pedagogía y de la beneficencia, empieza en el individuo y se cristaliza en la colectividad por labor exclusiva de la constancia en el buen propósito de cada uno de los asociados. La sustitución de las leyes penales de la vagancia y mendicidad por medidas gubernativas protectoras de la miseria en sus multiples aspectos, tales como la instuaración de granjas agrícolas para los niños vagabundos en las cuales el trabajo es obligatorio, las colonias para proletarios sin ocupación, y las estaciones de socorro destinadas á trabajadores ambulantes resultan, en efecto, beneficiosas, dada la natural repulsión de los indigentes à la disciplina del asilo; pero sin el despliegue generoso de la caridad individual y de sus iniciativas para la creación del patronato y asistencia del vencido por la lucha, las leyes sociales resultarán sin abonado campo de acción y de cultivo. La misión del Estado, concluiremos con Ferri, es mantener la salud del cuerpo social y debe en la profilaxis de las morbosidades que le afectan, imitar al médico que intenta conservar la salud de sus clientes, esto es, recurrir lo menos po· sible y sólo en casos extremos á los medios violentos de la cirugía; tener limitada confianza en la terapéutica doctrinal, y confiarse en cambio por entero á los servicios infalibles de la higiene, que previene la presentación de la enfermedad, a veces absolutamente incurable (1). P. GONZÁLEZ DEL ALBA. (1) Sociología criminal, por Eurico Ferri, tomo 1.o, cap. II. JUSTICIA MUNICIPAL Necesidad de reorganizarla, incorporando sus cargos á los de la general ó jerárquica. I Nuestras leyes orgánicas y de procedimientos, base y fundamento de la función judicial y las más esenciales, por lo tanto, para el desenvolvimiento de la vida jurídica, piedra angular de la administración de justicia, que realizará su misión tanto mejor cuanto más adecuadas y perfectas sean aquéllas, necesitan hoy, no ya ser reformadas más o menos extensa y profundamente, sino totalmente renovadas, pues á los defectos de que adolecieron siempre (en alguna no escasos ni pequeños), se ha ido sumando insensiblemente la labor destruc tora del tiempo, que à la larga ha convertido no pocos de sus trámites y fórmulas en algo así como el ritual de una religión cuyos dioses habían desaparecido. Las actuales aspiraciones y orientación de la vida social y de la ciencia del derecho, exigen imperiosamente nuevas modalidades en la aplicación de ésta á aquélla, nuevos sistemas y formas de enjuiciar, más sencillos y más breves, más rápidos y más baratos, más eficientes y menos formularios que los actuales. Una vez más hay que romper los moldes viejos y vaciar en otros nuevos el derecho positivo procesal, para que éste no siga siendo traba y obstáculo que aleja á los ciudadanos de la lucha por el derecho, sino arma eficaz y al alcance de todos, que á todos permita defender fácilmente sus propios derechos y les obligue á reconocer y respetar los ajenos. Largo tiempo hace se viene sintiendo esta necesidad de un modo cada vez más apremiante, y ya es hora de atender à satisfacerla lo mejor y más cumplidamente posible, si no se quiere que llegue à ser letra muerta todo el derecho procesal, de cuyos intrincados laberintos y complicados y ásperos caminos huyen ya los más de los que ven puestos en duda ó en peligro sus derechos, apelando para mantenerlos á salvo á medios no siempre menos seguros y eficaces y, desde luego, más sencillos y expeditos como son los arbitrajes, las transacciones, etc. Desde la venerable y patriarcal ley Orgánica, non nata en parte tan interesante y fundamental como es la relativa á los Tribunales de partido, que en la práctica han sido ventajosamente sustituidos por los Juzgados de primera instancia, y ́en otros de sus preceptos tantas veces alterada y modificada con disposiciones contradictorias y confusas, que constituye un verdadero jeroglífico y requiere un detenido y laborioso estudio la exacta determinación de la legalidad vigente en algunas de las materias que abarca, hasta la flamante ley de Justicia municipal, que por no acomodarse á las exigencias de la realidad y por multiplicar con la creación de los Tribunales. colectivos los mismos males que se trataba de remediar al dictarla, nació irremisiblemente condenada á morir en plazo breve, todas cuantas leyes vigentes afectan, directa ó indirectamente á la organización y á los procedimientos judiciales, deben ser rehechas por completo y puestas más en armonía, en más intimo consorcio con la austeridad y elevación de la función judicial, con el prestigio y respetabilidad que deben res |