cuando sólo tenga el carácter de actor civil, al procesado y á las demás personas contra quienes resulte responsabilidad civil, emplazándoles cedente en un asunto; y así como no puede recibir una imposición que altere su criterio respecto á la calificación que hace de los hechos justiciables, así tampoco puede, con mayoría de razón, sujetar su opinión y ajustar su conducta al juicio ó resolución de quien por espetables funciones que desempeñe no tiene la delicada y alta misión de ejercitar la acción pública en representación de los intereses sociales, cuya defensa en primer término se le halla confiada.

¿Significa lo anterior que los tribunales hayan de seguir indefectiblemente siempre la opinión fiscal? De ningún modo, porque hay que distinguir aquellos puntos en que el ministerio público resuelve con la manifestación de su opinión, de los otros en que, exponiendo su criterio, el tribunal cuenta con la plenitud de facultades que requieren la buena administración de justicia.

La dificultad podrá presentarse al distinguir unos de otros asuntos, pero se conseguirá vencer con sólo tener en cuenta la misión especial que está llamado á cumplir el ministerio público, que no se confunde ni se puede confundir con la que tienen los tribunales.

Cuando se trate de determinar si la acción penal está suficientemente preparada y si se ha de ejercitar ó no, abriendo el correspondiente juicio, entonces, en ambos casos, el ministerio fiscal, independientemente, pero bajo su propia responsabilidad, obra como estima acertado, y no se limita á proponer, sino á resolver, salvo cuando haya un acusador privado que opine de distinto modo, en cuyo caso el tribunal puede y debe decidir y fallar con plenitud de facultades.

Consecuencia lógica é indeclinable de cuanto se ha expuesto es que el juez de instrucción tiene necesidad de seguir el criterio fiscal respecto á declarar terminado el sumario.

Resta la segunda parte de la cuestión, es decir, la relativa al art. 630 de la citada ley de enjuiciamiento criminal.

Para resolverla puede aplicarse todo lo dicho respecto al principio acusatorio y espíritu de la reforma del procedimiento, así como lo relativo á las especiales funciones del ministerio fiscal como representante de la acción pública.

De todo ello resulta que también las audiencias ó salas de lo criminal se hallan en el mismo deber que los jueces de instrucción de declarar terminado un sumario, si el ministerio fiscal así lo pide, y no hay acusador privado que lo contradiga.

Al llegar á esta parte de la consulta, hay que tener en cuenta dos circunstancias especiales que pueden afectarla.

Consiste la primera en que, así como tratándose del juez instructor, puede éste, conforme al párrafo primero del artículo 622, declarar de oficio terminado el sumario, refiriéndose al tribunal sentenciador, no le da la ley esta facultad.

Resulta la segunda del diferente lenguaje que usa dicha ley en el segundo párrafo del artículo 622 del que emplea en el 630.

Según la letra de aquél, y aun sin fijarse en otras consideraciones, el juez se halla en la necesidad de resolver conforme el fiscal le hace presente ó manifiesta.

Pero según la del artículo 630, no se sujeta al tribunal de una manera expresa y terminante á la opinión fiscal.

Si la primera circunstancia merece fijar la atención, su influencia se significará en favor de la resolución indicada, puesto que si puede el juez de instrucción acordar de oficio la terminación de un sumario, y ello no obstante, ha de sujetarse al criterio del fiscal, con mayoría de razón ha de seguir este criterio el tribunal que de oficio no alcanza esa facultad.

La segunda circunstancia no parece al infrascrito que puede merecer tanta importancia, que descubra en la ley una inconsecuencia con el espíritu á que obedece. Ciertamente, el artículo 630 no dice más que el tribunal dictará auto confirmado ó

though he should only have the character of a civil plaintiff, upon the accused and upon the other persons who may have incurred civil lia

in a matter; and as he can not be affected by anything altering his judgment with regard to the classification which he makes of the punishable acts, neither can he, with better reason, subject his opinion and adjust his conduct to the judgment or decision of a person who, whatever high functions he may discharge, does not have the delicate and high mission of exercising the public action on behalf of the social interests, the defense of which is primarily intrusted to him.

Does the foregoing signify that courts must invariably follow the opinion of the fiscal? Not at all, because it is necessary to distinguish between those points where the prosecuting department decides with a statement of his opinion, and those in which manifesting his opinion, the court is vested with the full power required for a proper administration of justice.

Difficulty may be encountered in distinguishing between these two points, but it can be surmounted by considering the special mission of the prosecuting department, which is not and can not be confounded with that of the courts.

When the question is to determine whether the penal action is sufficiently prepared and whether or not it is to be exercised, and a proper action instituted, then, in either case, the prosecuting department shall independently, but under its own liability, act as it may deem proper, and does not limit itself to proposing, but to deciding, unless there shall be a private accuser of a different opinion, in which case the court may and must decide with full powers.

A logical and unavoidable consequence of the foregoing is that the judge of examination must follow the judgment of the fiscal with regard to declaring the termination of the sumario.

The second part of the question remains, that is to say, that relating to article 630 of the aforesaid law of criminal procedure.

In order to decide it, it is necessary to apply all that has been said with regard to the accusatory principle and the spirit of the reform of the procedure, as well as all that relates to the special functions of the prosecuting department as the representative of the public action.

It appears hereupon that audiencias or criminal chambers are under the obligation, like judges of examination, to declare a sumario terminated, if the prosecuting department so requests, and there is no private accuser opposing it.

In arriving at this point of the question it is necessary to consider two special circumstances which may affect it.

The first consists in that the law does not give him this power, as in speaking of the judge of examination the latter may, in accordance with the first paragraph of article 622, declare the sumario terminated, and transmit it to the sentencing court. The second results from the different language used by said law in the second paragraph of article 622 and that of 630.

According to the letter of the former, and even without other considerations, the judge is obliged to decide in accordance with what the fiscal reports or states.

But according to article 630 the court is not subjected in an express and final manner to the opinion of the fiscal.

If the first circumstance deserves attention it must be considered in favor of the decision indicated, because if the judge of examination can order the termination of a sumario at his own instance, and this, notwithstanding, must subject himself to the opinion of the fiscal, there is greater reason for the court, which can not exercise this power at his own instance, to follow his judgment.

The second circumstance the undersigned believes can not deserve so much importance as to discover in the law an inconsistency in its spirit.

It is true that article 630 says only that the court shall render a decision affirming

para que comparezcan ante la respectiva audiencia en el término de diez días, ó en el de sesenta si el emplazamiento fuese ante el Supremo. Á la vez se pondrá en conocimiento del ministerio fiscal cuando la causa verse sobre delito en que tenga intervención por razón de su cargo.1

revocando el del juez de instrucción relativo á la terminación del sumario. Pero esto no significa que el tribunal, contra las razones expuestas, tenga facultad para separarse del criterio fiscal.

Habrá pedido el ministerio fiscal la confirmación ó revocación del auto expresado, y por eso el tribunal, según la letra del artículo 630 podrá confirmar ó revocar. (Exposisión del fiscal del Tribunal Supremo de 15 de Septiembre de 1883, número 25.)

Menos decisiva que la expuesta y aún contradictoria es la opinión de la propia fiscalía, manifestada en la memoria de 15 de Septiembre de 1884, según la que la determinación de hallarse concluso el sumario corresponde al juez, "bajo la más completa libertad de juicio,” dice, “dentro de la ley, por una razón que excusa la alegación de toda otra; por la de ser el juez único responsable del acuerdo;" y añade: "la atribución del ministerio fiscal se limita á exigir esa misma responsabilidad, en su día y en su caso, si creyese haber lugar á ella."

Al tribunal corresponde resolver si procede el sobreseimiento ó la apertura del juicio oral en el caso en que el ministerio fiscal y el acusado privado opinen de distinta manera. (Circular de la fiscalía del Tribunal Supremo de 19 de Noviembre de 1883.)

En la instrucción 7a. de las que acompañan á la memoria de 1886, se recomienda que los fiscales estén á la instrucción 25 arriba citada, y añade: “cuidando de protestar siempre que contra su dictamen se revocare un auto de esta clase."

Remitido un sumario á la audiencia, deberán notificarse al ministerio fiscal todas las providencias que se dicten en cuantos asuntos sea parte el mismo, sin que quepa hacer distinción entre providencias que afectan y otras que son indiferentes á la acusación. (Exposición del fiscal del Tribunal Supremo de 15 Septiembre de 1883, número 35.)

Declarado rebelde un procesado sin pronunciamiento alguno sobre terminación del sumario, la audiencia de Madrid en su fallo (de 4 Julio de 1883) consignó el siguiente:

66 Considerando que conforme á lo dispuesto en el artículo 840 de la ley de enjuiciamiento criminal, cuando, como en el presente caso, la causa se encuentra en sumario, una vez practicadas las diligencias conducentes, debe declararse terminado el sumario y acordar además lo que establece el 622 de la propia ley, todo sin perjuicio de la declaración de rebeldía que previene el 839, y declarará terminado el sumario.

1 Ha ofrecido vacilaciones el cumplimiento del artículo 623 de la propia ley en cuanto á si los procesados á quienes ha de emplazarse para su comparecencia en la respectiva audiencia dentro de un término marcado, han de ser requeridos á fin de que nombren procurador y letrado que les representen y defiendan. La ley, por suponer sin duda que con arreglo á lo dispuesto en su artículo 118, ese requerimiento debe estar hecho para toda ocasión en que pueda producir legales efectos, no ha vuelto á exigir en otros artículos la práctica de tal diligencia. Mas como puede acontecer que no se haya practicado, ó que el procurador y letrado designados, residiendo en la capitalidad del juzgado de instrucción, no estén habilitados para ejercer sus funciones en la población donde haya de celebrarse el juicio, sería siempre conveniente que en el trámite señalado por el citado artículo 623 se haga un nuevo requerimiento á los procesados, salvo únicamente el caso de que, requeridos conforme el artículo 118 hubiesen renunciado

bility, summoning them to appear before the proper audiencia within the period of ten days, or sixty days if the summons should be to appear before the Supreme Court. At the same time it shall be communicated to the public prosecutor if the cause involves a crime in which he should intervene by reason of his office.'

or revoking that of the judge of examination relating to the termination of the sumario. But this does not signify that the court, in contravention of the reasons stated, can act contrary to the judgment of the fiscal.

The prosecuting department may have requested the affirmation or revocation of the decision mentioned, and therefore the court, according to the letter of article 630, may affirm or revoke it. (Report of the fiscal of the Supreme Court of September 15, 1883, No. 25.)

The opinion of the same office, as contained in the report of September 15, 1884, is less decisive and even contradictory, according to which the determination of the conclusion of the sumario pertains to the judge "under the most complete liberty of judgment within the law, for a reason which renders the alleging of any other useless, because the judge is the only one responsible for the decree," and "the power of the prosecuting official is limited to enforcing this liability at the proper time and in a proper case, if he deems that it lies."

It is the duty of the court to decide whether a dismissal of the proceedings or the opening of the oral trial should take place, in case the public prosecutor and the private accuser are of different opinions. (Circular of the office of the fiscal of the Supreme Court of November 19, 1883.)

In the seventh instruction which accompanies the report of 1886, it is recommended that the fiscales observe the twenty-fifth instruction above cited, adding: “taking care to protest whenever a decree of this character is revoked against their opinion." After a sumario has been transmitted to the audiencia, all orders issuing in any matters which are a part thereof must be communicated to the public prosecutor, no distinction being made between orders which do and those which do not affect the accusation. (Report of the fiscal of the Supreme Court of September 15, 1883, No. 35.)

If an accused person be declared in default without any utterance as to the termination of the sumario, the audiencia of Madrid in its decision (of July 4, 1883) stated as follows:

66

Considering that in accordance with the provisions of article 840 of the law of criminal procedure, when, as in the present case, the cause has reached the sum trio stage, after the proper proceedings have been had, the sumario must be declared terminated and the steps provided for by article 622 of the said law must be taken, all without prejudice to the declaration of default prescribed in article 839, and shall declare the sumario terminated."

'There have arisen doubts in the compliance of article 623 of this law as to whether accused persons who must be summoned for appearance before the proper audiencia within a specific period should be required to appoint a solicitor and an attorney to represent and defend them. The law, no doubt supposing that as in accordance with article 118 this demand must be made in every case in which it might produce legal effects, has not made a similar specification in other articles. But as it may occur that the demand was not made, or that the solicitor and attorney designated, residing in the seat of the court of examination, are not empowered to discharge their duties in the town where the trial is to be held, it would always be advisable that at the proceedings mentioned in article 623 a new demand be made of the accused, excepting only when, the demand having been made in accordance with article 118, they should have absolutely renounced the right to appoint counsel. And even in

18473-01-19

ART. 624. Si el juez instructor reputare falta el hecho que hubiese dado lugar al sumario, mandará remitir el proceso al juez municipal, consultando el auto en que así lo acuerde con el tribunal superior competente.1

ART. 625. Así que sea firme el auto por haberle aprobado dicho superior tribunal, ó por haberse desestimado el recurso de casación que en su caso haya podido interponerse, se emplazará á las partes para que en el término de cinco días comparezcan ante el juez municipal á quien corresponda su conocimiento.

Recibidos los autos por el juez municipal, se sustanciará el juicio con arreglo á lo dispuesto en el libro VI de esta ley.

ART. 626. Fuera de los casos previstos en los dos artículos anteriores, el tribunal que reciba los autos y piezas de convicción mandará pasarlos al ponente por el tiempo que falte para cumplir el término del emplazamiento, abriendo antes los pliegos y demás objetos cerrados y sellados que hubiere remitido el juez de instrucción.

De la apertura se extenderá acta por el secretario, en la cual se hará constar el estado en que se hallaren.*

absolutamente el derecho de nombrarse defensores. Y aun en tal caso, debe respetarse el ejercicio de este renunciado derecho, cualquiera que sea el estado del juicio en que, sin producir embarazo á su progresiva y regular marcha, los procesados designen procuradores y letrados á quienes puede admitirse sin perjuicio de estimar como válido y subsistente cuanto se hubiese practicado á petición de los defensores y representantes que de oficio se les nombraron, por no haber hecho uso de su preferente derecho más oportunamente. (Circular del presidente del Tribunal Supremo de 14 de Junio de 1883.)

¿Debe ser oído el ministerio fiscal por el tribunal superior competente antes de que se dicte resolución confirmando ó revocando el auto del inferior, en que se declare falta el hecho que hubiese dado lugar al sumario?

"Indudablemente debe ser oído el ministerio fiscal, antes de dictarse la resolución de que se trata.

"No importa que en los artículos 624 y 625 de la ley de enjuiciamiento criminal, que se ocupan de este particular, se guarde silencio acerca de la intervención que, para resolver sobre el mismo, ha de tener el ministerio fiscal, porque es de esencia, y hasta rudimentario, que en todas las causas en que se trate de hechos que revistan caracteres de delitos públicos, es parte el expresado ministerio, y no es posible prescindir de él, Cuando se ha de tomar una resolución importante, que fija la naturaleza jurídica del

asunto.

"Si contra lo que es racional y lógico suponer, se diera el caso extraño de que un tribunal entendiese lo contrario, habría una necesidad indeclinable de utilizar los recursos legales, para que nunca se pudiera creer que el ministerio fiscal hacía dejación ó abandono de lo que constituye uno de sus más sagrados deberes." (Exposición citada de 1883, número 26.)

1 Véase en el Apéndice I, la orden No. 181 de 30 de Abril de 1900.

2 Este artículo ha sido modificado para Cuba como sigue:

"Fuera de los casos previstos en los dos artículos anteriores, el tribunal que reciba los autos y piezas de convicción se limitará á la apertura de los pliegos y demás obje