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supuesto de que el juez ha de aplicar la ley extranjera, y queremos fundar su competencia y determinar el procedimiento que ha de seguirse hasta dictar sentencia definitiva. Si se prescinde de esta distinción, afirmando que el determinar la jurisdicción competente equivale á establecer cuál es el derecho local aplicable, la extraterritorialidad de las leyes no existirá y el Derecho Internacional Privado se reducirá á un conjunto de reglas para determinar la competencia jurisdiccional de los jueces 6 magistrados.

Por lo demás, es innegable la relación íntima que existe entre el derecho procesal y el derecho sustantivo, y ya vimos en diversos lugares del Derecho civil (páginas 310, 316, 355, 377 y 396) las dificultades que por razones de competencia jurisdiccional podían oponerse á la aplicación de las reglas que deducíamos nosotros de la recta interpretación de los principios del derecho sustantivo. Así vimos, al tratar de la tutela, de la ausencia, de las sucesiones y de las quiebras, que aun aplicando una ley única, ó sea la ley nacional del menor ó incapacitado, del ausente ó del testador y del quebrado, no podíamos prescindir de que el domicilio, la situación de los bienes, la existencia de derechos reales constituídos en el extranjero, eran hechos que determinaban la competencia de los jueces locales, haciendo surgir conflictos entre ellos, y aquel otro llamado á conocer en primer término de las cuestiones judiciales planteadas. Por consiguiente, así como sería arbitrario el prescindir de aplicar las leyes extranjeras, sacrificándolo todo al respeto absoluto de las reglas de competencia jurisdiccional, así sería también ocasionado á error el aplicar las leyes extranjeras de um modo exclusivo y absorbente, prescindiendo de los hechos jurídicos que fijan la competencia de los jueces locales en obsequio al rigoroso criterio de que á cada relación de derecho se aplique la ley más conforme á su naturaleza..

El Derecho Internacional Procesal será, pues, aquella

parte del Derecho Internacional Privado que trata del conflicto entre las leyes procesales de los diversos Estados, y fija las reglas referentes á la competencia y al modo de proceder de los jueces y magistrados en armonía con los principios fundamentales del derecho sustantivo, con el fin de garantizar á los particulares la conservación de sus derechos adquiridos.

Cuestiones de competencia.

No cabe el conflicto entre las leyes orgánicas de los diversos países referentes al ejercicio del poder judicial en las diversas esferas á que se extiende la actividad jurídica de cada Estado, porque los preceptos relativos á la organización judicial forman parte del Derecho Público. del Estado. (V. el Curso de Derecho Internacional Público, pág. 124). Por tal razón la competencia ratione materiæ es agena á nuestro estudio, porque la distribución que el legislador haga entre sus tribunales de las diversas cuestiones y la creación de fueros especiales por razón de las personas ó de la índole de los asuntos, es materia que concierne á la organización misma del poder, y esto atañe directamente, ó al Derecho constitucional ó al Derecho administrativo.

Nos ocuparemos, pues, ante todo, no de la organización judicial, sino de la competencia jurisdiccional. En esta materia puede surgir el conflicto entre los tribunales de los diversos Estados que pretendieran conocer, ya por la nacionalidad de las personas, ya por el domicilio de éstas, ya por el lugar de la situación de los bienes; finalmente, por el lugar en que ciertos hechos se hubieren. realizado.

Competencia de los tribunales de cada Estado.

Ya hemos visto en el Curso de Derecho civil que hay una competencia legislativa fundada en la naturaleza y en el lugar de las relaciones jurídicas, la cual han de reconocer los tribunales si se han de acomodar á las exigencias de la justicia; en una palabra, que hay una competencia fundada en la naturaleza de las cosas que debe ser respetada por la legislación positiva y los Tratados. De aquí hemos deducido también reglas de competencia judidicial (V. págs. 310, 315 y 356 del volumen I), y también vimos que los tribunales de cada Estado ofrecen mayores garantías de conocer su ley nacional y de aplicarla rectamente. Por esto Savigny quería en algunos casos confundir la legislación local, el derecho aplicable con la jurisdicción competente. Pero hay que reconocer que esto es imposible en la práctica porque á ello se oponen dificultades insuperables.

La cuestión litigiosa, sometida al fallo de los tribunales, ha de resolverse teniendo á veces en cuenta elementos ó hechos diversos sujetos á una ley especial; capacidad jurídica de las diversas personas, formas internas y externas de los hechos jurídicos, interpretación legal de los textos, acuerdo de la voluntad de las partes con las reglas de orden público, etc. Cada cuestión de éstas ha de resolverse según la ley á que está sujeta; pero es indudable que el procedimiento se complicaría y se retardaría extraordinariamente si cada cuestión incidental fuese sometida al tribunal correspondiente antes de dictarse la sentencia definitiva.

La acción de cada uno no podría ser igual, porque uno habría de encargarse de la cuestión principal y otro ú otros de las incidentales; es necesario, pues, que haya quien se encargue de la primera y haga el análisis de

y su

pleito, distinga y precise los puntos de derecho que comprenda, examine las relaciones entre unos y otros importancia respectiva. Hay, pues, una competencia superior, cuyo lugar se determina por la especial índole del pleito.

Así, las cuestiones de estado y capacidad, las divisiones de bienes y las acciones contra bienes inmuebles, parece que tienen una competencia bien marcada á favor del juez del domicilio de origen, las primeras, y del lugar de la situación de los bienes, las segundas. Ya hemos visto en el Derecho Civil Internacional (Lección 21.a) que el estado y capacidad jurídica se rigen por la ley nacional según unos, por la ley domicilio según otros; pero á veces la ley nacional nos remite al domicilio; no basta que se diga esto, y se afirme que el estado civil ha de regirse por una ley única; es preciso añadir que los litigios sobre el estado civil son de la competencia del juez ó tribunal del último domicilio, ó del domicilio de origen en el Estado de que cada uno es ciudadano. Al lado, pues, de la unidad de legislación, ha de colocarse la unidad de jurisdicción.

Por lo demás, las cuestiones acerca del estado y capacidad pueden incluirse en tres grupos. 1.° Las demandas en que se propone modificar ese estado y capacidad, v. gr., las de divorcio ó interdicción civil.—2.o Las que se proponen afirmarlo ó negarlo, v. gr., las de nulidad ó validez de un matrimonio, los reconocimientos de hijos naturales.-3. Las que se proponen resolver cuestiones previas respecto á otro litigio, v. gr., las cuestiones de estado ó de capacidad que se presenten en una testamentaría. Las dos primeras deben ser resueltas ante los jueces nacionales de las partes; las terceras deben quedar sometidas á las reglas generales acerca de las sucesiones.

También vimos que la ley nacional del difunto era la competente en materia de sucesiones. De aquí parece que resulta que en el país de origen es donde debe intentarse

la acción, lo mismo para dividir la herencia mueble que la inmueble. Pero puede objetarse. I.° Que los interesados, los herederos, podrán encontrarse muy lejos del domicilio ó residencia antigua del finado. 2.° Que acaso no encuentren un Tribunal competente en el territorio del Estado nacional del mismo. La primera dificultad puede fácilmente orillarse; la segunda es la de mayor importancia, pero está resuelta en el art. 5. del Tratado franco-suizo de 1869. «Toda demanda relativa á la liquidación y división de los bienes de una testamentaría ó ab-intestato y á las cuentas de administración entre coherederos y legatarios se presentará ante el tribunal que debe abrir la sucesión; esto es, si se trata de un francés muerto en Suiza, ante el tribunal de su último domicilio en Francia, y vice-versa si se trata de un suizo.» Se ve, pues, que la idea romana del forum originis tiene hoy aplicación, considerando como equivalente á éste, la última residencia que el difunto tuvo en su patria.

La competencia territorial en lo que á inmuebles se refiere, puede fundarse hoy en razones de importancia: el derecho de Soberanía, la mayor facilidad de proceder á tramitar y á verificar las diligencias necesarias (v. gr. una inspección ocular) para la práctica de la prueba. Todo lo que es de interés local, lo que se refiere á la organización económica y administrativa de la propiedad, lo que se refiere al ejercicio de este derecho como v. gr. los deslin des, las servidumbres, las formalidades de ventas voluntarias ó forzosas, las acciones posesorias, hay que enviarlo al juez territorial ó local. No así todo lo que es de interés para los particulares, como los derechos de los herederos; de los parientes de un ausente; de los acreedores de un quebrado; que como existen respecto á una universitas juris, deben de ser declarados por el juez que conoce de la demanda ó del juicio universal. Ya trataremos de la ejecución de los autos y sentencias definitivas (Lección 5.a).

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