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CONSULTA DEL SR. SECRETARIO DEL DESPACHO DE HACIENDA SOBRE INTERPRETACIÓN

DE LOS ARTÍCULOS 7.0 y 8.° DEL DECRETO DE 17 DE JUNIO DE 1812 (1)

Se pasó á la Comisión que extendió el decreto de 17 de Junio último sobre confiscos, un oficio del Secretario de Hacienda, el cual, de orden de la Regencia, exponía que, habiéndose interpretado equivocadamente el art. 21 de las instrucciones

que

S. A. había mandado comunicar á los intendentes (2) para la ejecución de los artículos 7.0 y 8.° del citado decreto de Junio último, relativo á establecimientos públicos, conventos, etc., lo hacía presente al Congreso, á fin de que se sirviese manifestar sobre el particular sus soberanas intenciones.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA (3)

Señor: El encargado del Ministerio de Hacienda manifestó en oficio del 4 de este mes que en los artículos 7.0 y 8.° del decreto de 17 de Junio último decretó V. M. el secuestro de todos los bienes pertenecientes á establecimientos públicos, cuerpos seculares y eclesiásticos ó religiosos extinguidos, disueltos ó reformados por resultas de la insurrección, ó por providencias del Gobierno intruso, con calidad de reintegrarlos en la posesión de las fincas siempre que llegue el caso de su restablecimiento. Que la Regencia, al tiempo de cumplir esta soberana disposición, creyó que interin llegaba este caso, y para que los conventos y casas religiosas desamparadas ya de los franceses no permaneciesen expuestas á los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la dispersión de sus individuos y el destino de almacenes y cuarteles que habían dado los enemigos á muchaj de ellas, debía, en beneficio de las comunidades mismas y del Estado, mandar cerrar los conventos, y así lo dispuso en el art. 21 de la instrucción dada á los intendentes de las provincias en 21 de Agosto último; pero que habiendo llegado á entender que esta providencia, que pareció tan necesaria en las circunstancias en que se comunicó, se ha interpretado por algunos religiosos, equivocadamente, como perjudicial á los regulares, ha creído propio hacerlo presente á las Cortes para que se sirvan manifestar en el particular sus soberanas intenciones.

La Comisión, después de meditar el asunto con el debido detenimiento, cree que estando en las facultades y obligaciones del Gobierno el asegurarse por medio de sus agentes del estado en que hayan quedado los conventos y bienes de los regulares al tiempo de la salida de los franceses de cualquier pueblo ó provincia antes ocupada por ellos, y dictar ó proponer á las Cortes las providencias que estime necesarias al bien del Estado, lo que no puede conseguirse mejor, en con

(1) Sesión de 5 de Septiembre de 1812, núm. 649, pág 3653.

(2) Este artículo dice textualmente: «Art. 21. Asegurarán y cerrarán todos los conventos que ha. yan sido disueltos, extinguidos ó reformados por el Gobierno intruso, inventariando del propio modo los efectos que se hallen en ellos; tomando razón de todas las fincas, rentas, bienes o frutos pertenecientes á los mismos, conformándose puntualmente al citado decreto de las Cortes de 17 de Junio en el art. 7.o (Gacela de la Regencia de 29 de Agosto de 1812.)

(3) Sesión de 18 de Septiembre de 1812, núm 659 pág 3704.

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cepto de la Comisión, que en el tiempo y modo que dispone el art. 21 de la ins. trucción de 21 de Agosto circulada á los intendentes, especialmente no conteniendo, como no contiene, ninguna resolución definitiva, sino sólo una prudente medida precautoria y provisional, se conteste á la Regencia que continúe llevando á efecto lo prevenido en dicho artículo, y que tan luego como reciba de los intendentes de cada provincia las noticias oficiales y documentadas de lo que en su consecuencia se hubiese practicado y resulte en cada una, informe y proponga á las Cortes cuanto conceptúe conveniente á la utilidad pública y al verdadero nterés de los mismos regulares, sin perjuicio de adoptar desde luego todas las providencias oportunas que estén en las facultades de S. A.

Extracto de la discusión.

El Sr. Villanueva (1) entiende que el espíritu del decreto de 17 de Junio, por lo que informó la discusión habida sobre el art. 7.°, fué evitar que el producto de estas fincas libres, so color de ser entregadas á sus legítimos poseedores existentes en país ocupado, fuese á parar á manos del enemigo; así como que el secuestro sólo durase hasta el restablecimiento de las comunidades.

Constando, pues, que en el decreto nada se dice por donde pueda conjeturarse haber sido el ánimo de las Cortes suprimir estas comunidades, ni menos diferirles el reintegro de sus fincas, la única duda que puede ocurrir es si ha llegado el momento de su restablecimiento.

Es de creer que el restablecimiento de estas casas era consiguiente á la libertad de los pueblos donde existian, y por lo mismo es fundada la solicitud de las comunidades que hallándose en este caso piden al Gobierno ser reintegradas en la posesión de sus casas y fincas.

Es de alabar el celo prudente con que la Regencia, en el art. 21 de la circular, mandó á los intendentes que desde luego asegurasen y cerrasen todos estos conventos, inventariando sus efectos, y tomando razón de sus fincas y frutos. En primer lugar, sería muy expuesto que se apoderasen de estos edificios personas acaso incompetentes, y es también notorio que muchas de estas casas habían sido convertidas por el enemigo en hospitales, graneros, almacenes y depósitos de municiones y víveres, bieves todos que ahora pertenecen á la Nación, y de cuya custodia y seguridad es responsable el Gobierno; pero luego que cesen estos justos motivos que ha tenido la Regencia para acordar esta medida, deben ser reintegradas las comunidades en los términos más convenientes, porque este es el caso de su restablecimiento de que habla el decreto de 17 de Junio.

Esto no se opone á que las Cortes, como protectoras del Concilio de Trento, promuevan por medios legítimos la observancia de lo que respecto de la disci

(1) Sesión de 18 de Septiembre de 1812 núm. 650, págs. 3704 y siguientes.

plina regular tiene en él mandado la Santa Iglesia. Y pidiendo á las Cortes que cele el cumplimiento de estas leyes, no se hace sico cooperar al deseo de muchos regulares virtuosos que lloran la relajación de la disciplina y suspiran por su restablecimiento. ¿Se opone esto, por ventura, á que los religiosos vuelvan á sus conventos? En ellos estaban los canónigos reglares de San Agustin de la provincia tarraconense; y, sin embargo, fueron reformados el año 1592 y sus rentas agregadas á otros objetos que al Gobierno parecieron más útiles.

Provéase, pues, de remedio á este daño, mas de suerte que no se dé posesión de los conventos á un número incompetente de individuos, ni sean admitidos los que hubiesen envilecido su profesión y carácter de españoles sirviendo al intruso. No hay, pues, reparo en aprobar el dictamen con tal que se añada: hasta que los religiosos se presenten formando comunidad, y no haya sospechas fundadas contra su conducta política.

El Sr. Conde de Toreno manifiesta que es extraño que el Gobierno solicite aclaración de una ley dada por el Congreso, por haberse opuesto algunos individuos ó comunidades interesados. Procediendo así, no será digno de estar al frente del Gobierno quien no sabe sostener enérgicamente las providencias del Congreso, porque en tal caso todos cuantos se creyeran perjudicados por un de. creto reclamarían, y el resultado sería que ninguno se cumpliese.

No hay que atenerse al espíritu, sino á la letra del decreto, y éste dice que todos los bienes de Corporaciones religiosas ó no religiosas extinguidas por el Gobierno intruso queden secuestrados con calidad de reintegro siempre que se restablezcan. La providencia fué temporal, y la cuestión es de si es ó no llegado el tiempo de que se levante ó se derogue, y es de creer que no. El Sr. Villanueva pide reforma, y mal podría haberla si de golpe se llenaran las casas religiosas, pues si ahora hay dificultades, más habría entonces.

Se encarece el respeto á la propiedad para que se vuelvan á ocupar esas casas, y al mismo tiempo se propone reforma, disminución en el número de conventos, en sus rentas, en sus individuos, etc. Por una parte se niega la facultad de no permitir su ocupación y el secuestro de sus bienes, y por otra se nos concede la de menguar su número y propiedades. Si el Congreso puede disminuir su número, ¿quién le negará la facultad de hacer lo demás, si de ello se tratara?

Lo que se quiere es que, so color de que se han de reformar más adelante, no se haga ahora nada.

Se han comparado las propiedades de los particulares con las de estas Corporaciones. Las Corporaciones todas han sido instituídas por beneficio de la sociedad; y si ésta conceptúa que ya le son perjudiciales, ó á lo menos no le son útiles, tiene el derecho de destruirlas, y, por consiguiente, apoderarse de sus bienes siempre que le convenga, puesto que dejaron de existir; no así con los de los particulares; á éstos no puede destruirlos.

En España todos saben los daños que ha causado el ser tan numerosas estas Corporaciones; y aunque no se hubiera dado antes por el Congreso decreto alguno, sería el momento de pensar en su reforma, para no agotar las fuentes de la riqueza nacional y no detener su' prosperidad, que tanto ha padecido por ellas. Todos los amantes del bien han clamado en todas ocasiones contra estos males. El digno Jovellanos, declarado benemérito de la Patria por el Congreso, se quejaba en el informe dado sobre el expediente de la ley agraria, y decía hablando de Castilla: «¿Qué es lo que ha quedado de su antigua gloria, sino los esqueletos de sus ciudades, antes populosas y llenas de fábricas y talleres, de almacenes y tiendas, y hoy sólo pobladas de iglesias, conventos y hospitales, que sobreviven á la miseria que han causado?» Las Cortes antiguas, frecuentemente quisieron poner coto á la multiplicación de fundaciones de conventos: hicieron peticiones para ello, y una de las condiciones de millones está terminante. La Universidad de Toledo, hablando en una representación á Felipe III de las causas de los males de España, ponía entre ellas y se lamentaba del crecido número de conventos. Si estas quejas se oían ya en tiempos de Felipe III, ¿cuáles no deben ser las que ahora se oigan? Desde entonces acá, los conventos se multiplicaron considerablemente, y la Nación ha decaído de su prosperidad. El decreto debe cumplirse.

Quisiérase que los bienes de estos cuerpos se volviesen á sus dueños, y que sólo pudiesen servir al Gobierno para hipoteca. ¿Qué crédito podria darle ésta? Y sin gran crédito, que sólo puede proporcionar esta masa de bienes, la guerra no podrá continuarse. Si no se acudiera á este medio, habría que cargar sobre el pueblo todas las contribuciones en un tiempo en que la guerra y las desgracias lo han reducido á miseria. Se lamenta la suerte de los frailes y no se para atención en la de los pueblos.

El Sr. Villanueva pide que no vuelvan á los conventos los que hayan servido á los franceses. ¡No faltaba más que en esto se les diera un privilegio más, una excepción que no se ha dado á los ciudadanos! Quo sean admitidos los que se presenten. Estos será casi todos, pues no asegurándoles otra manera de subsistir, se verán precisados á ocupar de nuevo sus conventos. Señáleseles una renta, y quizá entonces habría muchos que prefiriesen ser útiles á su país fuera del claustro, que inútiles dentro de él.

Se pide que se añada al dictamen que se restablezcan si se presentan formando comunidad. Eso es un modo encubierto de echar abajo todas las providencias que se han tomado. El Gobierno entonces, en vez de ser un depositario de la Nación, no habría sido más que un mayordomo de los frailes, encargado de conservar integros sus bienes para que no padeciesen menoscabo ni desmejora alguna en medio del desorden que podía originarse después de evacuar los franceses los pueblos.

En los primeros siglos de la Iglesia, los Obispos no se apartaban fácilmente de sus ovejas; á su sombra, la religión prosperaba, y no á la de los frailes, que no eran conocidos. Si tal os su intención, si sólo el amor á la religión es el que los guía, ¿por qué no imitan aquellos tiempos? En otras épocas, ha habido reformas, extinciones completas de algunas Órdenes religiosas y no han desplegado sus labios. No lo hicieron cuando se reformaron los conventos á principios del siglo XVI, ni cuando Carlos IJI extrañó del reino á los jesuitas y se apoderó de sus temporalidades, porque

sabían

que había un Gobierno vigoroso y que no hubieran hablado impunemente.

Debe sostenerse, pues, la medida que ha tomado el Gobierno, sin que esto impida que en adelante se hagan las reformas necesarias y se restablezcan los conventos que sean compatibles con el estado de la Nación.

El Sr. Obispo de Calahorra afirma que en el Congreso no se tomó providencia sobre el particular que supone la orden de la Regencia. Según el contexto del art. 7,o, sólo tiene lugar el secuestro y la aplicación de frutos á beneficio del Estado cuando los bienes pertenezcan á Corporaciones disueltas, extinguidas 6 reformadas por resultas de la invasión francesa ó por providencia del Gobierno intruso; entendiéndose que es con calidad de reintegro, si llega el caso de su restablecimiento; mas nada se trató de rentas y bienes existentes en países ocupados, ni aun para el caso en que las mencionadas Corporaciones quedasen libres de enemigos, antes bien, se dió por supuesto que en el estado de libertad nada se debía ofender á los derechos y propiedades de aquellas Corporaciones; luego el artículo 21 de la instrucción de la Regencia es contrario al referido art. 7.o del decreto de las Cortes.

La reforma, que podrá ser conveniente y aun necesaria en los religiosos, debe establecerse con arreglo al Concilio de Trento y Bulas Apostólicas. En éstas se previene que para conservarse en su vigor la observancia regular ha de haber en cada convento doce religiosos, aunque por otras Bulas quedó reducido á seis aquél número. Extender más allá de estos márgenes la reforma y en los términos que indica la orden de la Regencia, sería poco menos que una extinción de los conventos de todos los pueblos españoles, exponiéndose á experimentar escándalos y disturbios dolorosos.

La providencia de la Regencia se opone también á las reglas canónicas y práctica de la Iglesia, pues desde los principios del Cristrianismo ha habido religiosos de ambos sexos en número considerable, constando de la historia eclesiástica que en los primeros siglos ascendían á 200, 300 y 1.000 y más los que vivían juntos en cenobios, así como otros vivían solitarios en las lauras.

Se debe, pues, encargar á la Regencia que reforme el art. 21 de su instrucción y comunique las órdenes con arreglo al decreto de las Cortes, señalando la prevención y modificaciones que sean justas y necesarias respecto de aquellos conventos que contengan almacenes y efectos pertenecientes al Estado, y que trate del establecimiento de los demás conventos, consultando y atendiendo a los piadosos sentimientos y deseos de los pueblos.

El Sr. Argüelles sostiene que la instrucción de la Regencia, puramente gubernativa y muy conforme al espíritu del decreto de las Cortes, nada tiene que ver con la supuesta intención de extinguir los conventos. La consulta del Gobierno, sin embargo, es impertinente, porque cualquiera reclamación contra un decreto bastaría para entorpecer su cumplimiento.

Extinguidas las Ordenes religiosas por el Gobierno intruso, han sido destruídos muchos conventos y aplicados otros á destinos muy diversos de los de su instituto; sus rentas enajenadas unas, y otras administradas por el Gobierno francés,

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