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El Sr. González Acevedo, por todo lo dicho, concluyó pidiendo al Senado desechara la enmienda, que produciría un fin completamente distinto al que su propio autor perseguía con ella.

El Sr. Rojo Arias, rectificando, después de manifestar que se había referido á la parte del clero que olvidando el espíritu sublime y sacrosanto del Evangelio, ofendiendo a Dios y poniéndole por escudo, quiere quitar al César lo que le corresponde, y de afirmar que la Santa Sede al no poner esto con su autoridad a los Obispos parecía que dejaba de hacerlo intencionadamente, dándose por enterado de lo que el Gobierno había hecho con los Prelados á que se refirió, lo cual ignoraba, retiró la enmienda que se discutía, no sin insistir en que á Roma se va mejor con la energia que pedía, que de rodillas con sumisión.

Desechadas ambas enmiendas, comenzó el debate respecto del proyecto de contestación al discurso de la Corona, mereciendo especial mención entre los discursos con tal motivo pronunciados, los de los Sres. Suárez Inclán, en la sesión de 21 de Octubre de 1872 y D. Cristino Martos, Ministro de Estado á la sazón, en la del 23 del mismo mes y año.

El Sr. Suárez Inclán, consumiendo un turno en contra, y refiriéndose al estado de nuestras relaciones con la Sede Pontificia, comenzó diciendo que al leer el dictamen había sufrido un desengaño, puesto que en vez de palabras de consuelo para el hambriento y perseguido clero, se encontró con duras recriminaciones que no debía aprobar el Senado, y además halló en la redacción del párrafo consagrado á este punto inexactitud en la calificación de los hechos y omisión de otro muy substancial.

No ha sido el establecimiento de la libertad de cultos, dijo, el único agravio inferido á la Santa Sede, sino que se le han irrogado otros varios en una serie de decretos que después se convirtieron en leyes, como los relativos á la incautación de los bienes de las Órdenes religiosas, la supresión de conventos, el referente á la jurisdicción especial del Tribunal de las órdenes, refundiéndose con el Tribunal Supremo, sin intervención de la corte de Roma y el juramento del clero. Respecto á éste, añadió que había sido Diputado de las Constituyentes, y que por qué ha de exigirse al perseguido clero lo que á él no se exigió. Habló también de la ley de Matrimonio civil quebrantando el Concordato, y preguntó á la Comisión si estos apremios eran baladies y si no tienen razón el Sumo Pontifice y el clero para quejarse de ellos.

En el discurso de la Corona se anuncia la reproducción del proyecto de ley de obligaciones eclesiásticas у de arreglo de las relaciones económicas con el clero presentado en 1871, sin que la Comisión diga una palabra acerca de él, que

alteren y violen el Concordato de 1851 y el Convenio del 59 en sus bases fundamentales. En ese proyecto se establecen dos cosas gravísimas, se limita el derecho de adquirir sin restricción alguna que siempre ha tenido la Iglesia de España y se impone á los Municipios y á las provincias el pago de la dotación del clero. Desafió a la Comisión á que se citase un solo capon que estableciera lo contrario á dicha facultad de adquirir, haciendo historia de nuestra legislación para demostrar que constantemente se reconoció ese derecho á la Iglesia; recuerda que esta cuestión se debatió ampliamente en las Cortes de 1858, y con arreglo á estos antecedentes, manifestó el orador que tenía derecho á esperar que el Presidente de la Comisión de mensaje hubiese intercalado algún párrafo en consonancia con los principios y doctrinas que profesa y representa.

Retiriéndose á la obligación de pagar los Ayuntamientos y las Diputaciones provinciales los intereses de las inscripciones que van á constituir la dotación del clero, dijo que tenía el convencimiento de que los pueblos no podrían pagar al clero, el cual debía renunciar al cobro del presupuesto municipal y provincial porque estos presupuestos tenían entonces un déficit enorme que no les permitía satisfacer ni las más urgentes obligaciones.

Terminó ratificándose en los conceptos generales de su discurso y en que de todas las promesas hechas por el Gobierno quedaba tan sólo la realidad del desengaño.

El Sr. Ministro de Estado (Martos), haciendo el resumen del debate á nombre del Gobierno, y refiriéndose al grave y difícil punto de nuestras relaciones entre la Iglesia y el Estado, manifestó que el Gobierno había escuchado con dolor y asombro las acusaciones de que se le hizo objeto á propósito de la persecución que se pretende dirigida contra la Iglesia. Fijanse principalmente los que tal dicen en la venta de los bienes de aquélla, y á esto contesta el orador que el Gobierno se encontró con ese principio establecido, sin que se pueda hacer cargo de ello á un Gobierno que encuentra santificada y sancionada por el Jefe de la Iglesia ca tólica la desamortización de los bienes de la misma.

Reconoce el hecho de la decadencia en España del poder de la Iglesia católica y lo atribuye á que ésta confundió con alta imprevisión todos sus intereses y toda su vida con los intereses y la vida del Estado. Hace un brillante resumen histórico para demostrar su aserto, y termina diciendo que aunque la expresión del sentimiento religioso en España es el catolicismo, si á él le preguntan qué es, responderá: «Soy Diputado de la Nación y Ministro de un Rey en un Estado donde existe la libertad de cultos.»

El Gobierno tiene que tomar y toma en cuenta la existencia del sentimiento religioso y la forma en que se inspira, que es la católica; pero como el Gobierno, aparte de serlo de un país donde ese sentimiento prepondera, lo es también de un país donde todos son españoles, hombres libres, en posesión completa de todos sus derechos y de cuanto constituye la soberanía de una Nación, de aquí que tenga que atender a esas dos consideraciones y mantener un decreto de la Nación española que, en uso de su soberanía, ha decretado las consecuencias de la libertad de la Iglesia.

Refiérese á la secularización de la enseñanza, y dice que contra la afirmación de los que aseguran que los asuntos de ciencia no lo son de religión, hay que tener presente que al lado de la enseñanza de las Matemáticas, de la Filosofía, de la

Historia y de la Medicina existe otra enseñanza inferior, pero importante para la vida, la cual en una sociedad perfectamente organizada debe ser asunto de la libertad individual. De consiguiente, la Iglesia ha cometido un error al intervenir en la enseñanza.

Con respecto á la secularización de cementerios, la defiende fundándose en que de la confusión entre la acción de la Iglesia y la del Estado nacerán grandes desdichas y escándalos. Dice que no se escandaliza de que los Obispos y los curas declaren que no es legítimo el matrimonio civil para los fines de la Iglesia, porque él, legislador civil, tiene el derecho de declarar, y declara, que no son matrimonios legítimos los contraídos fuera de la sociedad civil, ni son legitimos los hijos nacidos dentro de la faz de la Iglesia. Afirma que ésta tiene medios de ganar las conciencias, y que ganadas un día sus ideas, triunfarán en las urnas, de este modo llegarán á triunfar en las leyes, y entonces se habrá modificado su situación; pero entretanto no puede el Gobierno menoscabar, modificar ni reformar lo que ha declarado la soberanía de Nación.

Refiere cómo siendo Ministro de Estado de un Gabinete de conciliación pidió á la Santa Sede con el mejor deseo el memorial de sus agravios, y al ver que entre éstos figuraban la libertad de cultos, el matrimonio civil, el Registro civil y todas las leyes más importantes hechas por las Cortes Constituyentes, renunció á proseguir la negociación, con completa aquiescencia de todo el Gabinete.

Acusa á la Iglesia católica de no haber sido sincera amiga y aliada del partido moderado y de la Reina Isabel II, y espera que andando el tiempo, y cuando pierda ciertas esperanzas que ahora tiene, modificará sus disposiciones la Santa Sede, porque comprenderá sus verdaderos intereses y se resignará á la situación en que la colocan las extraordinarias circunstancias que han surgido en España por el hecho de la revolución de Septiembre.

Dice que en España hay más sentimiento religioso que amor á la ciencia, y mas afición á rezar que á aprender á leer y escribir. Por eso los intereses del clero no han de sufrir menoscabo llevándolos al Municipio, y por eso debemos traer los maestros al Estado.

Da con esto por terminada la parte de su discurso relativa á las relaciones entre la Iglesia y el Estado, pasando á defender á la revolución de Septiembre de los ataques de que fué objeto durante el curso del debate, quedando aprobado, al terminar el Sr. Martos, el proyecto de contestación al mensaje de la Corona.

LEGISLATURA DE 1872-73

(CONGRESO)

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