licencia para casarse, sobre que les encargamos la conciencia gravemente, y que serán castigados á arbitrio nuestro y de nuestros sucesores. (V. MATRIMONIOS.)

Const. 7.-Que los jueces eclesiásticos no se entrometan á ejercer el oficio de párroco no siéndolo, sino fuere el del matrimonio.

Porque es razon que haya buen gobierno, y no se perturben los derechos parroquiales y ju risdicciones: mandamos á nuestros jueces eclesiásticos no adininistren los Santos Sacramentos, no siendo párrocos de las iglesias, sin licencia de los curas, y sin ella no canten misas solemnes de fiestas, ni votivas, ni de aniversarios de difuntos, ni cuerpo presente, ni otras algunas: y solo les permitimos puedan asistir a algun matrimonio habiendo causa, y no de otra manera y esto pagando los derechos parroquiales, y dando cuenta á los curas de dicho matrimonio, para que pongan razon en sus libros, pena de que serán condenados en los derechos que defraudaren á los curas, y en la arbitraria nuestra, y de nuestros sucesores.

Const. 8.-Que los provisores y jueces eclesiásticos, en las demandas de divorcios, que las partes pusieren guarden lo mandado en esta constitucion.

Es cierto, que en esta ciudad, y obispado se ponen tantas demandas de divorcios y nulidades de matrimonios, de que resultan muchos pecados y escándalos, y para obviarlos, y que se guarde la forma del derecho: mandamos á los provisores y jueces eclesiásticos de todo este obispado, que no admitan demandas de divorcio y nulidad de matrimonio, que no venga firmado de letrado y abogado de algunas de las reales audiencias, y con espresion de las causas que el derecho dispone, y no de las frivolas y

maliciosas que de ordinario intentan, y dando primero informacion bastante de ellas: y hallando ser suficientes, depositen á la muger en casa honrada, y si la muger fuere de calidad conocida, la depositen en el recogimiento del hospital de san Francisco de Paula, y empadronen ambos contrayentes, para que se reconozca, si viven honesta y recogidamente, y esta misma diligencia hagan cada año para el mismo efecto, lo cual guarden, y cumplan pena de 10 pesos, aplicados para gastos del tribunal eclesiástico.

Const. 9.- Los provisores y jueces eclesiásticos no saquen de las casas de sus padres á las doncellas para casarlas y depositarlas, sin que conste por informacion, haber dado palabra de casamiento (1).

Son tantos los inconvenientes que se han esperimentado en sacar luego a las doncellas de las casas de sus padres con título de que se quie ren casar, asi por que no se suele guardar la forma del santo concilio tridentino, en la dispensacion de las amonestaciones, como porque de hacerse aceleradamente resultan pleitos de divorcios y nulidades de matrimonios por lo cual mandamos á los provisores y jueces eclesiásticos de este nuestro obispado, que menos que constando por informacion bastante, que la doncella dió palabra de casamiento, que haga verdadercs esponsales, y pidiéndolo el esposo, y alegando y probando causa de que los padres pretenden impedir el matrimonio, no la saquen de la casa de dichos sus padres para tomarla la declaracion, sin auxilio de la real justicia, y constando por ella habérsela dado, la depositen en alguna casa honrada, con quien no la hablen, ni de parte de los padres, ni del esposo y si se probare la palabra, y la negare la doncella, la depositen en dicha casa con las mismas circunstancias, para que esté en su libertad, y se haga

(1) Por la cédula de 17 de julio de 1803 la informacion para probar verdaderos esponsales, debe ser una escritura pública de estos, con otros requisitos esenciales, que prescribe dicha órden. La estraccion y depósito de las hijas de familia, de que hablan estas dos constituciones, deberá hacerse como lo dispuso la real cédula de 3 de octubre de 1785. Es nota de la reimpresa Sinodo. Por cédula de 22 de marzo de 1787 se encarga á los jueces eclesiásticos, que al entender en esas causas de divorcio, no se mezclen con pretesto alguno en las temporales y profanas de alimentos, litis espensas, ó restitucion de dotes como propias de los jueces reales, d quienes deben remitirlas sin detencion, para que las sustancien y determinen breve y sumariamente segun su naturaleza.

lo que fuere de justicia y si ella se saliere de

mandamos á nuestros provisores y jueces ecle

las casas de sus padres, por temor de que pre-siásticos, que siempre que se pusieren deman tenden impedir el matrimonio, ó manifestare su voluntad al provisor, con auxilio de la real justicia, la depositen asimismo, pena de 10 ducados, aplicados para gastos del tribunal eclesiástico.

Const. 10. Los que vinieren de mar en fuera, ó de otras ciudades diciendo son casados, se ha ga lo que en esta constitucion se espresa.

Muchas personas vienen á vivir á las ciudades, villas y lugares de este obispado, y de mar en fuera diciendo ser casados segun órden de nuestra santa madre iglesia : y para que se sepa si lo son ó nó, y se provea del remedio que fuere necesario: mandamos á los provisores, y jue. ces eclesiásticos, y curas de este nuestro obispado, que luego que tengan noticia de semejantes personas, les notifiquen exhiban testimonio de su matrimonio, y de no traerlo, dén informacion de ser casados, y de no darla, se les dé término segun las distancias de las partes donde vinieren, para que traigan testimonio de su matrimonio; y de no traerlo pasado el término, con auxilio de la real justicia, los aparten, y destierren á la hembra de dicha ciudad donde estuviere, à la de donde vino, ó al varon, conforme vieren es conveniente. Y mandamos á todas las dichas personas, que vinieren con título de casados, que pena de escomunion mayor, luego que llegaren á los dichos lugares de este obispado se manifiesten al juez eclesiástico, y á los curas, para que tomen razon de ellos, y cada año en los padrones que hicieren de los feligreses la tomen individual de dichas personas, para que por este medio se reconozca si ellos, ó ellas no se presentaren, si son ó no casados, lo cual cumplan los dichos curas, pena de diez pesos, aplicados à las fábricas de las iglesias.

das de divorcios ó nulidades de matrimonios, desde el principio dén traslado de ellas al promotor fiscal, para que defienda la validacion del matrimonio, y represente las causas que hubiere por derecho para que no se disuelva, ni cuanto al vinculo de él, ni cuanto à la cohabitacion, pena de que serán multados à nuestro arbitrio. Y mandamos á las partes dén al dicho promotor fiscal lo que fuere necesario para las costas que nuestros provisores y jueces les mandaren, pena de que en otra manera no serán admitidas sus demandas.

Circular á Indius de 27 de abril de 1784. << El Rey. - Por cuanto han sido varias las reales decisiones que por mí y mis gloriosos predecesores se han tomado en diversos tiempos, con el fin de evitar competencias entre los ministros que ejercen mi real jurisdiccion, y la eclesiástica en mis dominios de la América, sobre á cual de las dos corresponde el conocimiento relativo á la validacion ó nulidad de los testamentos, y la faccion de inventarios respectivos á las testamentarias de los clerigos, que instituyen por herederas á sus almas ú otras obras pías; y conviniendo dar una regla fija, é invariable, que en lo sucesivo no admita interpretaciones, y se consiga el bien del estado, la utilidad de mis vasallos y de la causa pública; con atencion à las dudas que acerca del particular Porque en las causas matrimoniales en que me representó mi real audiencia de Méjico en las partes pretenden divorcios, ó nulidades de cartas de 2 de diciembre de 1768, y 23 de nomatrimonios, suele haber colusion entre ellas, viembre de 1780, y á lo que con presencia de y no se atiende por dichas partes á lo sagrado estas, de los antecedentes del asunto, y de lo que del santo matrimonio, y à su indisolubilidad: | espusieron mis fiscales, me consultó mi conse

Const. 11.-Que los jueces eclesiásticos en las causas matrimoniules dén siempre traslado al promotor fiscal de las demandas.

del proceso contra un religioso franciscano, que mató á otro en su convento de Totonicapam, y teniendo este caso grave mucha analogía con el ocurrido en San Lucar de Barrameda el año de 1774, que un carmelita dió muerte à una doncella en el atrio del mismo convento, cuyo conocimiento se declaró al alcalde mayor, mandándole sustanciar la causa, y que sentenciada la elevase para prevenirle lo conveniente en cuanto à su ejecucion; se ordena á la audiencia se arregle á lo que resulta ya practicado en el caso de San Lucar de Barrameda como muy conforme à las leyes, y á lo resuelto por el santo concilio de Trento y otras disposiciones canónicas, cuya observancia al paso que proporcionará el correspondiente castigo del homicidio, pedrá servir de ejemplo, que contenga á otros de cometer tan atroces crímenes.

Reales cédulas de 25 de marzo de 1792 y 25 de octubre de 95 refiriéndose à leyes del nuevo código, declaran, que en delitos mayores de sediciones, alborotos, y perturbacion de la paz pública los eclesiásticos no deben gozar de inmunidad.

Real decreto de 25 de octubre de 1820.-Que los eclesiásticos asi seculares como regulares pierden el fuero, y quedan sujetos á los jueces. seculares en los delitos, que cometieren, que tengan pena capital ó corporis aflictiva.

Real decreto de 17 de octubre de 1835 comunicado al gobernador presidente de la Habana con real órden de 28 de agosto de 1837.- "Las contestaciones que se habian suscitado en diferentes ocasiones entre la jurisdiccion real y la eclesiástica acerca de la competencia, conocimiento y procedimiento de las causas contra eclesiásticos por delitos atroces ó graves, movieron el real ánimo de mi augusto abuelo el señor rey don Carlos IV, á mandar en real órden de 19 de noviembre de 1799, que el suprimido consejo de Castilla formase una instruccion detallada sobre la materia, que sirviese de regla general á todos los tribunales y justicias del reino, y dejase espedita la jurisdiccion real ordinaria, para contener y castigar los delitos que trastornan el órden comun, y cuyas penas esceden las facultades de la potestad eclesiásti

tico, hasta ponerlas en estado de sentencia, y que entonces las remitiese al gobierno por la via reservada, para lo que hubiere lugar. Muy luego principiaron a sentirse los funestos efectos de esta disposicion, por el entorpecimiento y dilaciones á que dá lugar en la sustanciacion, en el pronunciamiento de los fallos, y en la ejecucion de estos; pero tamaños males se han hecho aun mas patentes é intolerables en estos últimos tiempos..... A fin de cortarlos de una vez, y librar á la nacion de las funestas consecuencias de un privilegio, que el estado eclesiástico debiera à la sola munificencia de la autoridad temporal de los reyes, y que únicamente puede subsistir en cuanto no perjudique al órden, tranquilidad, bienestar y conservacion de la sociedad; teniendo Yo presente lo que sobre el particular han manifestado en diferentes consultas el citado consejo suprimido de Castilla, el supremo tribunal de justicia en la suya de 2 de setiembre de 1813, y últimamente el parecer emitido por el supremo de España é Indias, y la seccion de gracia y justicia del consejo real del mismo nombre, y conformándome con él, vengo en decretar, oido el consejo de ministros, á nombre de mi escelsa hija la reina doña Isabel II, lo que sigue:

1. Queda derogada y sin efecto alguno la disposicion contenida en la real órden de 19 de noviembre de 1799, las demas anteriores á que esta se refiere, y las posteriores declaratorias de ellas.

2. Las causas contra eclesiásticos por delitos atroces ó graves, se formarán desde el principio, sustanciarán y fallarán en todo el reino, sin intervencion alguna de la autoridad eclesiástica, por los jueces y tribunales reales á quienes competan con arreglo á las leyes y decretos vigentes, en razon de la gerarquía del acusado, ó de la naturaleza y carácter del delito de que se le acusare, observándose los trámites é instancias prescritas por las leyes y decretos vigentes para la sustanciacion de las causas de la misma clase contra los demas ciudadanos, y cuidando los respectivos jueces y tribunales, de que los acusados sean colocados en el parage mas decente de las cárceles, sin perjuicio de su seguridad, y de que se les trate con la distincion po

ca, disponiendo al propio tiempo, que intersible, especialmente si fuesen sacerdotes.

esto tenia efecto, conociese de estas causas des de su principio, el tribunal real con el eclesiás

3.

s consecuencia cesarán inmediatamente en sus funciones, asi el tribunal llamado del

Se oyen conforme á derecho para ante el me. tropolitano, y de éste para el obispo mas inmediato como delegado apostólico, pues que segun la ley 10, tít. 9, lib. 1, y breve á que se refiere, todos los pleitos eclesiásticos de las Indias Oc-hacienda, en los pueblos donde actualmente hay cidentales, por todas sus instancias han de seguir y fenecerse en ellas.