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negativo, desaparecia por completo desde el momento en que por el decreto segundo, fecha del dia inmediato 25, ordenaban que la publicacion de los decretos y leyes que emanaran de las Córtes se hiciera por el Poder ejecutivo, con la fórmula en el mismo párrafo contenida. Mas resuelta la duda anterior, en el sentido de que

la facultad legislativa de las Córtes se limitaba á la formacion y sancion de las leyes, las palabras (en toda su extension)) podian suscitar otra no ménos importante.

Ni aun en los últimos tiempos de la Monarquía absoluta, en que el Rey se consideraba fuente única del derecho positivo escrito, confundian los jurisconsultos la ley con los decretos, reglamentos é instrucciones que se dictaban para la ejecucion de aquella con diferentes nombres; pero es lo cierto que las palabras entrecomadas parecian envolver la idea, confirmada despues en la práctica, de que

las Cortes entendian corresponderles, no solo la facultad de hacer y sancionar la ley, sino tambien la de expedir las disposiciones encaminadas á explicarla, ó á facilitar la ejecucion de la misma.

Despues de setenta y cuatro años de haberse planteado en España estas cuestiones, no se ha decidido todavía, ni tal vez se decidirá en mucho tiempo, qué resoluciones de la autoridad suprema necesitan revestir las solemnidades de una ley, y cuáles pueden ser objeto de reglamentos, decretos y Reales órdenes; estando hoy en esta materia, poco más o menos, á la altura en que se hallaban las primeras Córtes ordinarias de la primera época constitucional, cuando en la sesion pública de 13 de Febrero de 1814 las pedia inútilmente el Diputado por Múrcia Don Francisco de Borja Sanchez que fijaran desde luego los caractéres de ley, decreto y resolucion, para que no pudieran equivocarse en lo sucesivo entre sí, como lo habia

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propuesto ya tambien su compañero el Diputado por la isla de Cuba D. Francisco Arango y Parreño.

Ni es tampoco fácil deducir, por la lectura de los tomos de decretos y órdenes expedidos por las Cortes desde el 24 de Setiembre de 1810 hasta 10 de Mayo de 1814, cuál fuera para aquellos legisladores la diferencia sustancial, por razon de la materia, no ya entre la ley (cuyo nombre no dieron á ninguna de sus disposiciones), y el decreto, sino entre éste y la órden, distinguiéndose, sin embargo, en esta primera época, no solo por el título, sino tambien porque el decreto iba dirigido á la Regencia, y la órden al respectivo Secretario del Despacho.

Por otra parte, despues que las Córtes se habian reservado en los términos expuestos el Poder legislativo, y de que en el mismo decreto de 24 de Setiembre se creyeron en el caso de confirmar, no solo á los Tribunales y Justicias establecidas en el Reino, sinó á todas las Autoridades civiles y militares, lo cual no era un acto de potestad legislativa, no es de extrañar, aun supuesta la mejor voluntad en los indivíduos del Consejo de Regencia, que se levantaran en su ánimo las dudas expresadas en la Memoria que precede al decreto de 27 de Setiembre de 1810, así como tampoco el que las Cortes se vieran obligadas á declarar que en el decreto de 24 de Setiembre no se habian puesto limites á las facultades propias del Poder ejecutivo; y que interin se formaba por ellas un reglamento que los señalara, usara de todo el poder que fuera necesario para la defensa, seguridad y administracion del Estado en aquellas críticas circunstancias.

El reglamento ofrecido el 27 de Setiembre de 1810 no llegó á aprobarse hasta el 16 de Enero de 1811 con el título de Reglamento provisional del Poder ejecutivo; pero puede inferirse de cómo llenó el objeto á que se destinaba,

á

sabiendo

que las mismas Córtes generales y extraordinarias tuvieron que dictar, antes y despues de promulgada la Constitucion de 1812, los reglamentos de la Regencia del Reino de 26 de Enero de 1812 y de 8 de Abril de 1813.

Por lo tocante al Poder judicial, el Sr. D. Agustin Argüelles presentó en la sesion de 29 de Enero de 1811,

у las Córtes aprobaron, la proposicion de que se nombrara una Comision que á la mayor brevedad formase un reglamento provisional para el Poder judiciario; pero aunque la Comision fue nombrada, aunque presentó su dictámen У se debatió largamente sobre él, y en la sesion de 13 de Noviembre del mismo año el Sr. Diputado Ramos de Arispe reclamó que continuara la discusion, pendiente desde hacia tiempo, aquel reglamento quedó en proyecto y sin fijar, por tanto, los límites del Poder judiciario ó judicial.

Los que echen, pues, de ménos en esta obra la determinacion clara y concreta del Derecho parlamentario vigente con respecto á las facultades de las Córtes, desde el 24 de Setiembre de 1810 hasta el 19 de Marzo de 1812, en que se promulgó la Constitucion, pueden encontrar, con un poco de benevolencia, en la lectura de los anteriores párrafos, la explicacion de una falta que, no disculpada, podria dar motivo á que se calificara de pretencioso, ó de inadecuado cuando menos, el título con que se encabeza esta obra. Procurando, sin embargo, cumplir por lo que

ahora toca y en cuanto sea posible lo que ese título da derecho á esperar, se exponen a continuacion las resoluciones adoptadas por las Córtes durante esta primera época, y que complementan la coleccion de textos legales de la misma, ya en lo relativo al régimen de las elecciones, ya en lo tocante á reglamentacion parlamentaria.

EN MATERIA ELECTORAL.Córles generales y extraordi

y vi

narias.21 de Junio de 1812.-Orden para que las pro

. vincias

que fueran quedando libres y no tuvieran en aquellas Córtes Diputados propietarios ó el número que correspondiera á su poblacion libre, procedieran á nombrar los que le faltaran, en los mismos términos que prevenia el decreto de la Junta Central de 1.° de Enero de 1810, é instruccion que le acompañaba.(Decretos de las Córtes, tomo III; Madrid, en la Imprenta Nacional, año de 1813, pág. 43.) 19 de Setiembre de 1812.-Orden de las Cortes

por

la cual se resuelve la duda propuesta por el Jefe político interino de Córdoba, y se dispone que, debiendo realizarse cuanto antes en los pueblos el nombramiento de los Ayuntamientos constitucionales, para procurar su confianza y tranquilidad, luego que se verificara en las ciudades

у llas de voto en Córtes que no hubieran nombrado Diputados, pasaran sus respectivos Ayuntamientos por sí solos al nombramiento del Diputado por la ciudad ó villa para

dichas Córtes generales y extraordinarias, guardando en todo lo demás lo prevenido en la instruccion de la Junta Central. (D. C., tomo mi, pág. 83.) 4

8 de Octubre de 1812.-Orden de las Cortes en vista de las exposiciones de la Junta preparatoria de Madrid de 10 У 15 de Setiembre del mismo año, resolviendo: 1.°

que la eleccion de Diputados para dichas Cortes extraordinarias debia hacerse separadamente de la eleccion de Diputados para las ordinarias, guardando rigorosamente en la primera el método adoptado por la Junta Central en la instruccion que dió al intento, y en la segunda el método constitucional; siendo válidos todos los actos que se hubieran hecho en la provincia de Madrid en su conformidad, y nulos todos aquellos que no lo fueran por oponerse á su contenido. 2.°

que

la Junta de Presidencia para la elec

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cion de los Diputados para aquellas Córtes extraordinarias debia componerse de las personas que expresaba el artículo 2.° de la citada instruccion, no concurriendo el individuo de la corporacion que no existiera, con la prevencion de

que el Jefe político habia de ocupar el lugar del Corregidor y presidir la Junta, si no concurria el Capitan general de la provincia; que la falta de este jefe habia de ser suplida por el Gobernador militar de la plaza, y la del M. R. Arzobispo por el Gobernador eclesiástico que existiera en Madrid, y en su defecto por el Vicario eclesiástico; y 3.o que para las Cortes ordinarias prevenidas en la Constitucion y mandadas convocar para 1.° de Octubre de 1813, debian elegirse por dicha provincia tres Diputados propietarios y un suplente con arreglo á lo prevenido en la instruccion de 23 de Mayo de 1812; y para aquellas Córtes extraordinarias cinco propietarios y dos suplentes, conforme a lo dispuesto en la instruccion de 1.o de Enero de 1810, en el concepto de que á una y otra eleccion debian concurrir todos los pueblos agregados á la misma provincia despues del censo de 1797. (D. C., tomo jii, pág. 101.)

24 de Noviembre de 1812.-Orden en vista de las dudas propuestas por la Junta de Sevilla declarando: 1.0

que los Sres. Terrero, Cerero y Torres Guerra se comprendian en el número de los Diputados que tocaban á dicha provincia; 2.o que si la Junta Central habia determinado que los pueblos del partido de Antequera se reputasen para aquellas elecciones como de la provincia de Sevilla, se estuviera á lo mandado; y 3.° que no debian convocarse á la Junta provincial electoral, que habia de celebrarse en Sevilla, los electores del partido de Cádiz y demás pueblos libres, que ya concurrieron á nombrar y nombraron realmente sus Diputados; por lo que teniendo ya dicha provincia de Sevilla seis, que eran los Sres. Terre

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