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parte de este discurso. Sin embargo, no puede menos de exponer que la falta de enlace y uniformidad de los diferentes Códigos de nuestra legislacion, que están hoy dia en observancia, demuestra hasta la evidencia la necesidad de establecer un sistema de legislacion, sin el qual son inútiles ó ineficaces las mejores leyes civiles y criminales. Como toca á la Constitucion determinar el carácter que ha de tener en una Nacion el Código general de sus leyes positivas, deben establecerse en ellas los principios de que han de derivarse aquellas y qualesquiera otras disposiciones, que baxo el nombre de ordenanzas ó reglamentos hayan de dirigir las transacciones públicas y privadas de los indivíduos de una nacion entre sí, ó las que celebren con los súbditos de otros estados con quienes puedan entablar comunicacion. Estas reglas no solo han de servir para la formacion de nuevas leyes, sino para dirigir á las Cortes en la derogacion ó reforma de las que sean incompatibles con el nuevo sistema planteado por la Constitucion.

La reforma de las leyes criminales es sobre todo muy urgente; porque teniendo por objeto las acciones en que pueden interesarse inmediatamente la vida, la libertad y la buena reputacion de las personas, toda dilacion en su mejora es de la más grave trascendencia, todo error puede acarrear daños irreparables. De aquí se sigue que el arreglo de la potestad judicial en toda la extension que comprehende la administracion de justicia en lo civil y criminal exige mucha escrupulosidad y circunspeccion. No bastan leyes que arreglen los derechos entre los particulares, que castiguen los delitos, y protejan la inocencia: es necesario que lo que disponen, sea, segun se ha dicho, executado irremisiblemente con prontitud é imparcialidad.

Dos grandes escollos son los que hacen peligrar la administracion de justicia, segun el órden establecido en nuestra jurisprudencia. Escollos, que no es posible evitar del todo mientras las luces no se difundan, y en tanto que la libre discusion de las materias políticas no ponga á la Nacion en estado de comparar el sistema judicial de otras naciones con el que se observa en España. Los tribunales colegiados, y perpetuidad de sus jueces, y la facultad que tienen éstos de calificar por si mismos el hecho sobre que han de fallar, sujetan sin duda alguna á los que reclaman las leyes al duro trance de hallarse muchas veces á discrecion del juez ó tribunal. La Comision no entrará á exâminar las razones en que se fundan los que apoyan é impugnan uno y otro sistema. Encargada por V. M. de arreglar un Proyecto de Constitucion para restablecer y mejo-rar la antigua ley fundamental de la Monarquía, se ha abstenido de introducir una alteracion substancial en el modo de administrar la justicia, convencida de que reformas de esta trascendencia han de ser el fruto de la meditacion, del examen más prolixo y detenido, único medio de preparar la opinion pública para que reciba sin violencia las grandes innovaciones. Pero al mismo tiempo la Comision ha creido que la Constitucion debia dexar abierta la puerta para que las Córtes sucesivas, aprovechándose de la experiencia, del adelantamiento, que ha de ser consiguiente al progreso de las luces, puedan hacer las mejoras que estimen oportunas en el importantísimo punto de administrar la justicia.

La sabia distribucion que V. M. ha hecho del exercicio de la potestad soberana en su memorable decreto de 24 de setiembre de 1810, ha facilitado á la Comision el fixar los cánones que han de arreglar en adelante el importantísimo punto de la potestad judicial. La Comision, segun el plan que se ha propuesto, delega esta autoridad a los tribunales, comprehendiendo baxo este nombre, no solo á los cuerpos colegiados, sino tambien á los jueces ordinarios, que en rigor constituyen tribunal, quando acompañados de los ministros que las leyes señalan, exercen el ministerio de la justicia.

Para que la potestad de aplicar las leyes á los casos particulares no pueda convertirse jamás en instrumento de tiranía, se separan de tal modo las funciones de juez, de qualquiera otro acto de la autoridad soberana, que nunca podrán ni las Córtes ni el Rey exercerlas baxo ningun pretexto. Tal vez podrá convenir en circunstancias de grande apuro reunir por tiempo limitado la potestad legislativa y executiva; pero en el momento que ambas autoridades ó alguna de ellas reasumiese la autoridad judicial, desapareceria para siempre no solo la libertad política y civil, sino hasta aquella sombra de seguridad personal, que no pueden menos de establecer los mismos tiranos si quieren conservarse en sus estados. Por eso se prohi

be expresamente que pueda separarse de los tribunales el conocimiento de las causas, y ni las Cortes ni el Rey podrán avocarlas, ni mandar abrir nuevamente los juicios executoriados. La ley sola debe señalar el remedio para subsanar los perjuicios que puedan seguirse de los fallos de los jueces. Y si el ciudadano se viese expuesto como hasta aquí á ser separado del tribunal competente, ó á sufrir las penalidades de un litigio indefinido, perderia toda confianza, y solo vería en las leyes un lazo tendido á su docilidad, á su candor y buena fe. La observancia de las formalidades que arreglan el proceso es tan esencial, que en ellas ha de estar fundado el criterio de la verdad; y en el instante en que la autoridad soberana pudiese dispensarla en lo más mínimo, no solo se comprometeria el acierto en las sentencias, sino que la desconfianza se apoderaria del ánimo de los que pusiesen su vida y sus intereses en manos de los jueces ó magistrados.

La meditacion más profunda apenas es bastante á explicar el origen de la sublime institucion de los jueces; y acaso el mayor sacrificio que pueden hacer los hombres está en someterse á lo que decidan sus iguales en las cosas que pueden ser más caras y esenciales á su existencia ó conservacion. Esta reflexion hace ver quanto importa que los jueces no puedan ser distraidos en ningun caso de las augustas funciones de su ministerio. Y solo la lamentable confusion de principios á que habia venido á parar el verdadero estudio de la jurisprudencia, ó las falsas ideas de la ambicion pudieron presentar como propias de la magistratura otras ocupaciones que no fuesen puramente las de juzgar. Nuestros legisladores no desconocieron tan saludable doctrina, y por eso estaba tambien determinada por las antiguas leyes de Aragon y de Castilla la verdadera autoridad de los jueces y tribunales. Esta es preciso que se extienda á hacer que se lleven á efecto sus decisiones para que no sean ilusorias, sin que por eso pueda influir de ningun modo en la suspension ó retardo de su execucion. Qualquiera facultad en esta parte introduciria en los tribunales la más funesta arbitrariedad. Como la libertad civil desaparece en el momento en que nace la desconfianza, es preciso apartar del ánimo de las súbditos de un estado la idea de que el Gobierno pueda convertir la justicia en instrumento de venganza ó de

persecucion; así se prohibe que nadie pueda ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal establecido con anterioridad por la ley.

La Comision no necesita detenerse á demostrar que una de las principales causas de la mala administracion de justicia entre nosotros es el fatal abuso de los fueros privilegiados introducido para ruina de la libertad civil y oprobio de nuestra antigua y sabia Constitucion. El conflicto de autoridades que llegó á establecerse en España en el último reynado, de tal modo habia anulado el imperio de las leyes, que casi parecia un sistema planteado para asegurar la impunidad de los delitos. Tal vez el estudio entero de la jurisprudencia, y el artificioso método del foro, no ofrecian á los jueces y oficiales de justicia tantas dificultades como el solo punto de las competencias. ¡Qué subterfugios, qué dilaciones, qué ingeniosas arbitrariedades no presentan los fueros particulares á los litigantes temerarios, á los jueces lentos ó poco delicados, á los ministros de justicia que quieran poner á-logro el caudal inmenso de su cavilosa sagacidad! La sola nomenclatura y discernimiento de los fueros privilegiados exigen un estudio particular y meditado. La justicia, Señor, ha de ser efectiva, y para ello su curso ha de estar expedito. Por lo mismo la Comision reduce á uno solo el fuero ó jurisdiccion ordinaria en los negocios comunes, civiles

у criminales. Esta gran reforma bastará por sí sola á restablecer el respeto debido a las leyes y á los tribunales, asegurará sobremanera la recta administracion de justicia, y acabará de una vez con la monstruosa institucion de diversos estados dentro de un mismo estado, que tanto se opone á la unidad de sistema en la administracion, á la energía del Gobierno, al buen órden y tranquilidad de la Monarquía.

La Comision ha creido al mismo tiempo que no debia hacerse alteracion en el fuero de los clérigos hasta que las dos autoridades civil y eclesiástica arreglasen este punto conforme al verdadero espíritu de la disciplina de la iglesia española, y á lo que exige el bien general del reyno; no obstante que en el Fuero Juzgo era desconocida la exèncion de litigar y ser reconvenidos ó acusados los eclesiásticos en los negocios comunes, civiles y criminales ante los jueces y tribunales ordinarios.

Del mismo modo ha creido indispensable dexar á los mili

tares aquella parte del fuero particular que sea necesaria para conservar la disciplina y subordinacion de las tropas en el exército y armada. Pero tambien reconoce que solo la ordenanza es capaz de arreglar este punto tan importante, de modo que se concilien el objeto de la institucion militar, y el respeto debido a las leyes y á las autoridades. El soldado es un ciudadano armado solamente para la defensa de su patria; un ciudadano, que suspendiendo la tranquila é inocente ocupacion de la vida civil, va á proteger y conservar con las armas, quando es llamado por la ley, el orden público en lo interior, y hacer respetar la Nacion siempre que los enemigos de afuera intenten invadirla ú ofenderla.

Como la integridad de los jueces es el requisito más esencial para el buen desempeño de su cargo, es preciso asegurar en ellos esta virtud por quantos medios sean imaginables. Su ánimo debe estar á cubierto de las impresiones que pueda producir hasta el remoto rezelo de una separacion violenta. Y ni el desagrado del Monarca, ni el resentimiento de un ministro, han de poder alterar en lo más mínimo la inexorable rectitud del juez ú magistrado. Para ello nada es más á propósito que el que la duracion de su cargo dependa absolutamente de su conducta, calificada en su caso por la publicidad de un juicio. Mas la misma seguridad que adquieren los jueces en la nueva Constitucion, exige que su responsabilidad sea efectiva en todos los casos en que abusen de la tremenda autoridad que la ley les confia; y la Comision no puede menos de llamar con este motivo la atencion del Congreso hacia la urgente necesidad de establecer con claridad y discernimiento por medio de leyes particulares la responsabilidad de los jueces, determinando expresamente las penas que correspondan á los delitos que puedan cometer en el exercicio de su ministerio. Aunque la potestad judicial es una parte del exercicio de la soberanía delegada inmediatamente por la Constitucion á los tribunales, es necesario que el Rey, como encargado de la execucion de las leyes en todos sus efectos, pueda velar sobre su observancia y aplicacion. El poder de que está revestido y la absoluta separacion é independencia de los jueces, al paso que forman la sublime teoría de la institucion judicial producen el maravilloso efecto de que sean obedecidas y respetadas las decisiones

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