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de los tribunales, y por eso sus executorias y provisiones deben publicarse á nombre del Rey, considerándole en este caso como el primer magistrado de la Nacion.

La igualdad de derechos proclamada en la primera parte de la Constitucion en favor de todos los naturales originarios de la Monarquía, la uniformidad de principios adoptada por V. M. en toda la extension del vasto sistema que se ha propuesto, exigen que el código universal de leyes positivas sea uno mismo para toda la Nacion: debiendo entenderse que los principios generales sobre que han de estar fundadas las leyes civiles y de comercio, no pueden estorbar ciertas modificaciones que habrán de requerir necesariamente la diferencia de tantos climas como comprehende la inmensa extension del Imperio español, y la prodigiosa variedad de sus territorios y producciones. El espíritu de liberalidad, de beneficencia y de justificacion, ha de ser el principio constitutivo de las leyes españolas. La diferencia, pues, no podrá recaer en ningun caso en la parte esencial de la legislacion. Y esta máxima tan cierta y tan reconocida no podrá ménos de asegurar para en adelante la uniformidad del código universal de las Españas.

Delegada por la Constitucion á los tribunales la potestad de aplicar las leyes, es indispensable establecer, para que haya sistema, un centro de autoridad en que vengan a reunirse todas las ramificaciones de la potestad judicial. Por lo mismo se establece en la corte un supremo tribunal de Justicia que constituirá este centro comun. Su principal atributo debe ser el de la inspeccion suprema sobre todos los jueces y tribunales encargados de la administracion de justicia.

Al paso que sus facultades no deben estorbar el libre desempeño de las funciones de aquellos, ha de estar autorizado para vigilar la escrupulosa observancia que hagan de las leyes, como tambien juzgar por sí mismo las causas que versen sobre hacer efectiva la responsabilidad de los jueces y magistrados superiores en los casos determinados por la ley. El principio que ha guiado á la Comision á establecer este sistema, exige que el tribunal supremo de Justicia conozca de los juicios y causas instauradas en las provincias en el solo caso de nulidad cometida en la tercera instancia. Su conocimiento ha de limitarse á si se han observado ó no las leyes que arreglan el proceso, debiendo abstenerse de intervenir en lo substancial de la causa, que habrá de remitirse al tribunal competente para que execute lo que haya lugar. El recurso de nulidad, y el juicio de responsabilidad que en su consecnencia puede originarse en el tribunal supremo de Justicia, asegurará el zelo y justificacion de los tribunales superiores de Provincia, que no podrán ménos de mirar con respeto una autoridad suprema, ante la qual habrán de responder de las faltas ó delitos que cometieren. La inmediacion al Gobierno del supremo tribunal de Justicia, la dignidad y circunstancias de los principales empleados, persuaden la necesidad de que entienda en las causas criminales que se promovieren contra ellos, como asimismo de la residencia de los demás empleados públicos que estuvieren sujetos á ella por las leyes, de los recursos de fuerza de los tribunales eclesiásticos superiores de la corte, é igualmente de todo lo relativo al real patronato, siempre que sea de naturaleza contenciosa. Las demás facultades que se le señalan, deben considerarse como atributo propio de un tribunal supremo, y centro de la autoridad judicial.

La Comision establece que todas las causas, así civiles como criminales, hayan de terminarse dentro del territorio de cada audiencia. Con este motivo cree necesario hacer presente las razones en que funda su sistema, para que así queden justificadas las alteraciones que resulten de esta innovacion.

La Comision ha mirado como uno de los mayores perjuicios que pueden experimentar los indivíduos de una nacion, el que se les obligue á acudir á largas distancias para obtener justicia en los negocios que les ocurran, así civiles como criminales. Es imponderable la desigualdad que resulta entre las per: sonas poderosas por sus riquezas y valimiento, y las que carecen de estas ventajas, que por desgracia siempre son en mayor número, quando es necesario apelar con recursos extraordinarios á tribunales establecidos fuera de la provincia. Otras circunstancias, que aunque de igual trascendencia no aparecen sino en el momento de interponerse los recursos extraordinarios, ni pueden ser bien conocidos sino de las personas que á su pesar, y en grave perjuicio de sus intereses, tienen que renunciar á aquel remedio, aumentan grandemente aquella desventaja.

La celeridad en la formacion de los procesos, y terminacion de ellos en todas sus instancias, la facilidad de asegurar las pruebas, de aclarar las dudas, de reponer los vicios, de deshacer las equivocaciones que hayan podido introducirse en el origen y progreso de las causas, han sido para la Comision razones de mucho peso para que dexase de adoptar el único remedio que puede cortar de raíz tan graves males. La primera alteracion que resulta de este sistema es la supresion de todos los casos de corte. Si se exâmina con atencion el origen de este privilegio, no puede ménos de hallarse que el principal motivo de su establecimiento fue muy laudable. El poderoso influxo de los señores territoriales, de las jurisdicciones exèntas, y el riesgo de ser atropelladas las personas desvalidas por su edad, ú otras circunstancias, siempre que tuviesen que litigar con tan temibles adversarios ante los jueces ó alcaldes ordinarios, hizo indispensable que se las protegiese, concediéndoseles el derecho de no poder ser reconvenidas sino en los tribunales superiores. La liberalidad de los reyes, la ambicion y vanidad de cuerpos y particulares, hizo extensivo este privilegio á los que no necesitaban de aquella proteccion.

La nueva ley fundamental que se establece sentando por principio la igualdad legal de los españoles, la imparcial proteccion que a todos dispensa la Constitucion, y los medios que sanciona para afianzar la observancia de las leyes, hace inútil é inoportuno el privilegio de caso de corte. Las reformas ulteriores que se harán en el Código civil y criminal, llevarán al cabo la importante obra de perfeccionar la legislacion, con lo qual se experimentarán todas las ventajas que presenta esta parte del Proyecto.

Instaurándose, pues, la primera instancia de todas las causas civiles y criminales, sin distincion alguna en los juzgados ordinarios, es consiguiente que se fenezcan todas en la audiencia de la provincia, adoptando el principio tan recomendado por nuestras leyes de que todos los juicios se den por terminados con tres sentencias. Esta disposicion altera el órden establecido por la célebre ley de Segovia en el recurso conocido con el nombre de segunda suplicacion. Es bien sabido que el motivo principal por que se introduxo fué el no haberse acostumbrado antes del reynado de Don Juan el Primero admitir

tercera instancia de los pleytos que comenzaban ante los oidores i en el Consejo. Pareció entonces conveniente establecer este recurso, que es peculiar de España, y el qual se interpone á la persona misma del Rey, limitándole solo á las causas cuya cuantía asciende a tres mil doblas en propiedad, y seis mil en posesion. El sistema de la Comision solo altera el órden; pues, suprimidos los casos de corte, puede haber lugar en su caso á este recurso en las audiencias respectivas, en donde se puede observar todo lo prevenido por la ley de Segovia, y demás que se han promulgado despues en la materia, ó hacer en este punto las alteraciones que parezcan convenientes. Hay otro recurso extraordinario que debe quedar suprimido, tanto por el abuso que se ha hecho de él en muchas ocasiones, como porque se halla en realidad refundido en el de nulidad, que habrá de interponerse ante el tribunal supremo de Justicia. La Comision, Señor, habla del recurso de injusticia notoria, de incierto orígen, y verdaderamente perjudicial en todos tiempos por haberse llegado á admitir en muchas ocasiones en todos los casos en que se intentaba, como se ve por la consulta del Consejo Real de 8 de febrero de 1700. El auto acordado de 17 del mismo mes y año dió nueva forma á este recurso, admitiéndole en los casos en que no tuviese lugar la segunda suplicacion. El principado de Cataluña no comenzó á usarle hasta el año de 1740. El reyno de Navarra le ha resistido constantemente; y á la verdad la variedad de opiniones sobre los casos en que debe admitirse, la ineficacia del depósito que se exige de los litigantes para contener su temeridad en interponerle, demuestran hasta la evidencia que es perjudicial, y que el recurso de nulidad, ideado por la Comision, comprehende todas las ventajas que pueden apetecerse, sin que esté expuesto a los inconvenientes del recurso de injusticia notoria. Leyes particulares podrán arreglar el recurso de nulidad con toda la perfeccion de que es susceptible, adaptándose en sus disposiciones a la base que sienta la Constitucion.

Establecido ya que todas las causas civiles y criminales hayan de terminarse dentro del territorio de las audiencias, es indispensable asegurar el acierto y justificacion de sus decisiones. Y así se dispone, que los jueces que hayan fallado en la segunda instancia no podrán asistir a la vista del mismo pley

to en la tercera. A la Constitucion solo corresponde sentar esta base. Leyes y reglamentos especiales serán los que faciliten la organizacion de los tribunales conforme á este principio.

La division del territorio de la Monarquía, indicada en el artículo 12 de este proyecto, se hace cada vez más necesaria para que pueda tener su efecto lo que dispone la Constitucion en diferentes lugares. Entre todas las razones que la reclaman ninguna con más urgencia que la administracion de justicia. ¿Cómo pueden esperarla los pueblos que entre el cúmulo de dificultades que opone nuestro defectuoso método de enjuiciar, se encuentran no pocas veces con el insuperable obstáculo de haber de acudir á tribunales que distan tal vez sesenta leguas? No, Señor, no espere V. M. que el primero y más esencial ramo del servicio público pueda llegar a desempeñarse, sin que la mano poderosa de la autoridad soberana acometa la grande obra de restaurar al reyno, abrazando á un mismo tiempo el grandioso sistema de la Constitucion. Las dificultades son innumerables, las circunstancias parece que multiplican los obstáculos. Sin embargo, arrédrese enhorabuena el genio mezquino y limitado de un ministro, la timidez y apocamiento de un Gobierno débil ó indolente; mas no así la grandeza y extension de miras de un Congreso que tiene la gloria incomparable de representar a la Nacion española.

La Comision omite por tan obvias las razones en que se fundan las demás facultades concedidas á los tribunales superiores ó audiencias territoriales, y pasa á indicar el método que establece para las de Ultramar.

Las escandalosas dilaciones que se advierten en causas originadas, ó ventiladas en los diferentes juzgados ó tribunales de aquellas provincias, con motivo de las apelaciones y recursos interpuestos ante los supremos consejos de la Corte, las intolerables vexaciones, los crecidos gastos y otros innumerables perjuicios que experimentan los naturales y habitantes de aquellas importantes provincias, preciso es que tengan ya término. La igualdad de derechos, la de proteccion y de mejoras, decretada por el Congreso, deben ya realizarse; y la administracion de justicia, fundada en los filosóficos y liberales principios, consignados por V. M. en todos los decretos que tienen por objeto la felicidad de aquellos preciosos países, comenzará

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