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M. Pugliese para las aplicaciones de las doctrinas positivas á la legislación italiana.

Este último retiró sus conclusiones, en homenaje y consideración al carácter internacional del Congreso. La Memoria que Ferri redactó en unión de Porto, fué aprobada sin discusión. Hela aquí:

«En el estado actual de la legislación penal, las doctrinas positivistas, alegadas de una manera errónea en los Tribuna. les por los Abogados y hechas valer ante Jueces imbuídos de principios jurídicos totalmente diferentes, pueden producir dos efectos principales.

» La sintomatología anatómica, fisiológica y psicológica de los diferentes tipos criminales, puede ser de una gran utilidad al agente de policía, al Juez de instrucción y al Tribunal sentenciador, en todos los casos muy frecuentes, de acusación fundada en simples indicios. Ha de convertirse en conocimiento científico lo que hasta el día no es más que una intuición empírica sobre la fisonomía, el modo de obrar del criminal, etc.

»El desarrollo científico dado al estudio de las causas individuales y sociales del crimen, puede producir en esta época de transición una marcada debilidad en la represión y un abuso de la apreciación de la fuerza irresistible y de las circuns. tancias atenuantes. Porque en los procesos se admiten las premisas de las doctrinas positivistas sobre las que determi. nan é impelen al individuo al crimen; pero se toma de las legislaciones actuales la consecuencia de que cuanto más ha sido forzada la voluntad del criminal, menos castigo merece. En tanto que la consecuencia verdadera, según las doctrinas positivistas, es simplemente que el criminal debe ser castigado (es decir, que la sociedad se debe defender contra él) en razón de su perversidad (temibilidad), perversión que se determina justamente conforme a la naturaleza de las causas naturales del crímen, mas no en razón inversa de las mismas.

»De suerte que la aplicación completa de las doctrinas positivistas en la legislación y en los procesos, tendrá la utilidad de acrecer el primero de estos efectos y de eliminar completamente el segundo.»

La tercera tesis tenía por objeto «la acción del médico fo

causas

rense en los procesos judiciales.» El encargado de desenvolverla, Tamassia, estaba ausente, por lo cual el Congreso dió este encargo á Lacassagne, cuya competencia en esta materia es mucha. La exposición del sabio penalista dió lugar á un debate en que intervinieron MM. Bonomo, Zucarelli, Beresimi, Precone, Pavía, etc. Terminado el debate, el Congreso aprobó las conclusiones:

«Los actos periciales en lo criminal, aquellos de que debe ocuparse el Congreso, se dividen, por su importancia y su frecuencia, en tres especies:

»Los informes criminosos. Un solo perito basta, y en la mayor parte de los casos puede presentar conclusiones terminantes que sirvan de base sólida á la decisión de los Jueces.

»Actos periciales de policía: levantamiento de cadáveres, autopsias en el caso de suicidios, accidentes, muertes súbitas.

»Exámenes periciales propiamente criminales: los más importantes, pero también los más raros. Estos exámenes deberían ser acompañados de todas las garantías de comprobación posible. Estos son, sobre todo, los que han de ser tratados con detenimiento en los nuevos Códigos o en las reformas de los actuales.

» Admitida la precedente clasificación, proceden grandes reformas para el buen funcionamiento de la práctica médico legal.

» Se habrá de exigir á esos peritos estudios especiales y un título especial.

»Aumentar la tarifa de los honorarios.

»Obligar á todo Médico que practique una autopsia médicolegal, á seguir en esa operación el orden y método marcados en un reglamento, que dictará reglas para la extensión y datos de la autopsia.

» Exigir que dos Médicos, por lo menos, designados por el Magistrado instructor, o bien uno por la acusación y otro por la defensa, tomen parte en los exámenes periciales, pero acordando que sólo intervengan en esta clase de operaciones.

>> Establecer que durante el acto pericial, el experto sea considerado como un funcionario público y adquiera que todos. los derechos resultantes del ejercicio de su profesión en cualquier servicio que se le encomiende.»

A estas conclusiones, el Congreso, oída la proposición de Bereinín y Precone, añadió la siguiente, que figuraba ya, salvas ligeras variantes, en la relación de M. Tamasia:

«En caso de disentimiento entre el perito de la acusación y el de la defensa, se deberá, antes de recurrir a la decisión jurídica del Tribunal o de los jurados, interpelar á título consultivo, á una comisión compuesta de representantes de las diversas ramas de la ciencia médico-legal y se presentará su decisión como voto a la magistratura.»

La cuarta tesis, sobre la cual uno de los expositores, M. Fio-retti, afirma sus conclusiones, dió lugar á una profunda decisión. Se titulaba: «De los medios mejores para obtener la reparación del crimen,» tocando á una de las inducciones jurídicas y aplicaciones prácticas de las más importantes en sociología criminal. Pues que si la reparación del delito figura en las leyes vigentes, no es más que una palabra destituída de valor práctico, siendo así que la reparación constituye uno de los medios más útiles de defensa social, antes y después del crimen.

M. Fioretti, en su Memoria, examina la cuestión bajo el aspecto de la condición jurídica de la parte lesionada y del ofensor y en el respecto del procedimiento. Sobre la primera · parte, él distingue el caso en que el ofensor es solvente de aquel en que es insolvente. Los puntos que promovieron la discusión, fueron los siguientes:

«En los delitos coutra la propiedad, la indemnización pecanaria ofrecida por el culpable antes ó después de la sentencia, produce la reducción de la mitad de la pena.

»En los delitos contra las personas, la reparación pecuniaria ofrecida por el culpable al ofendido o á sus herederos, produce la reducción de un cuarto de la pena.

»En los dos casos, la oferta de una reparación parcial produce una reducción proporcional de la pena.

>El pago debe ser real y efectivo y no podrá ser reempla

» zado por la renuncia ó condona de la parte agraviada. Cuando se descubra que la reparación ha sido simulada, el culpable

no tendrá derecho a los beneficios acordados y sufrirá la pena que se le impuso, con el recargo de la mitad. La parte agraviada y el culpable estarán obligados solidariamente á entregar en la Caja de multas lo que uno ha dejado de abonar y el otro de recibir.

»Si un delito cometido por una persona insolvente ha causado a la parte lesionada la pérdida de sus medios de subsistencia, la Caja de multas sufragará la reparación de daños y perjuicios hasta cubrir 1.200 francos de renta suscrita sobre la Deuda pública. Para los casos extraordinarios, el Tribunal podrá elevar esta cifra hasta 1.800 francos de renta.»

El segundo de los expositores de la misma tesis, M. Venezián, explicó sus conclusiones sobre la reparación como forma de responsabilidad social, según los principios de la escuela positiva de Derecho criminal. No solamente, según él, la acción de resarcimiento debe ser ejercida de oficio por el Juez y el Ministerio publico, sino que debe haber para los insolventes la coerción al trabajo, y la reparación debe ser una condición precisa para la liberación de los condenados. Estos deben proveer á su propia subsistencia por su trabajo. El encubridor es solidario del culpable principal.

Después de una discusión animada, en la cual terciaron MM. Precone, Berenini, etc., el Congreso, decidiéndose por la observación de Ferri, que había que atenerse á la afirmación de los principios generales sin descender á las proposiciones particulares, aprobó por unanimidad la orden del día FiorettiVenecian, que suscribió también Ferri. Dice:

«El Congreso, convencido que es necesario asegurar la reparación ó indemnización civil, no sólo en interés de la parte agraviada, sino también porque la reparación es uno de los medios de defensa social represiva y preventiva contra el delito, emite el voto que las legislaciones positivas busquen y adopten los medios más eficaces para convertirla en factible prácticamente, en todos los procesos criminales contra los delincuentes, sus cómplices y encubridores, reconociendo que la función de hacerla efectiva pertenece, como función social, al Ministerio público mientras dure la causa, al Juez en la sentencia, á la Administración en la recompensa económica debida al tra

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bajo penitenciario y en las proporciones de liberación condicional.»

Venía en seguida en el programa de la segunda sección la tan delicada del «delito político», que tenía por expositores á MM. Laschi y Lombroso. Laschi expuso su trabajo, sirviéndose para ilustrarlo de fotografías y de láminas geográficas y gráficas. La discusión fué larga y animada. Bluedikt, Lombroso, De Bella, Pugliese, Giampietro, Zucarelli, etc., tomaron la palabra varias veces.

La causa del debate faé primordialmente que este nombre de delito político carece de exactitud en los aspectos moral y social; porque el delito político puede ser tal en el sentido legal, sin serlo en el moral y social. Esto explicado, Ferri afir. mó que no se debía eliminar siempre el estudio de este fenómeno de la ciencia antropológica y que debía tomarse en consideración la conclusión principal de la Memoria de M. Laschi, sobre la distinción que debe establecerse entre el que

comete el delito político por consecuencia de una tendencia criminal hereditaria ó por efecto de una enajenación mental que toma este aspecto especial, del que obra movido por la impulsión de un ideal humanitario.

El enunciado de la séptima tesis, era el siguiente: «Si deben admitirse y cómo en los establecimiento penitenciarios las personas que se dedican á los estudios del Derecho penal.» Eran expositores, MM. Tarde (ausente), Ferri y Aguglia. Las discusiones que tuvieron lugar sobre este tema, mostraron cierto disentimiento. Aguglia admitía con los demás la necesidad de dar entrada a los profesores en el estudio de los detenidos que no pueden sustraerse á las observaciones de la antropología criminal, de la propia manera que no pueden sustraerse los enfermos de los hospitales de los experimentos de la medicina; pero sostuvo reservas para la admisión de los estudiantes, en vista de algunos inconvenientes posibles, si no probables. Ferri defendió que por el contrario, por razones lógicas y experimentales deducidas de la clínica criminal de muchos años de Lombroso y de las visitas de las prisiones hechas por el mismo durante dos años con estudiantes, que éstos deben ser admitidos sin inconveniente alguno en el estudio de

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