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les por consiguiente estuvieron extinguidos esos mismos derechos, eran necesarias diversas aclaraciones que la ley de 15 de junio de 1856 ha venido á formular para evitar dudas y pleitos.

La base capital de la ya citada de 1841 consiste en conceder el dominio de los ibenes de dichas fundaciones (1), como si fueran de libre disposicion, á favor de los individuos de las familias llamadas por el fundador, en quienes concurra la circunstancia de preferente parentesco, sin diferencia de sexo, edad, condicion ni estado. Este principio fundamental tiene aplicacion, no solo á las capellanias vacantes , sino a las que en lo sucesivo vacaren; pero respeta el derecho de los poseedores actuales ó existentes, los cuales continúan disfrutando los bienes en el mismo concepto con que los adquirieron , y con sujecion a las reglas establecidas en las fundaciones, si bien pueden en su caso usar del derecho que les corresponda en virlud de lo dispuesto en la misma ley (2).

Con arreglo á estos principios, las personas que por su preferente pareniesco tenian derecho á dichos bienes al tiempo de publicarse aquella y han muerto sin haber solicitado su adjudicacion, lo han trasmitido á sus herederos, quienes ocupan por consiguiente idéntico grado y lugar que sus causantes. El mismo derecho han adquirido unas y otras personas durante todo e tiempo en que ha estado sin observancia dicha ley, que como hemos indicado, ha sido desde el 30 de abril de 1852 al 6 de febrero de 1855; pero no puede tener lugar la entrega inmediatal de los bienes, cuando la capellania ha servido de título para ascender á las órdenes mayores, en cuyo caso los capellanes son considerados como usufructuarios hasta que obtengan otro beneficio eclesiástico, y durante su vida si no lo obtuvieren.

(1) Estan declaradas capellanias colativas de sangre comprendidas en dicba ley de 1811, restablecida en 6 de febrero de 1855:

1.0 Las fundaciones que poseen actualı ente los eclesiásticos corporativa o individualmente en conceplo de prebendas ó beneficios , y las que como tales se ballen va. cantes, siempre que los fundadores llamen á su disfrute á familias ó personas determinadas, o que sean de patronato activo familiar y no hubiesen sido comprendidas en las leyes de 2 de setiembre de 1811 y 1.o de mayo de 1855, ó en las de desamortizacion civil.

2.0 Las capellanias que han sido provistas á pres acion de los patronos despues de la publicacion del decreto de 6 de febrero de 1855.

3. Las capellanias cotativas de sangre que hayan provisto los ordinarios en virtud de derecho de devolucion por providencia posterior del mismo decreto.

Cuando en las fundaciones que poseen las corporaciones o cabildos eclesiásticos no hubiere llamamientos á familias ó personas determinadas, patronato activo ó familiar, los bienes de aquellas fundaciones se entienden comprendidos en la ley de 1.o de mayo de 1833, asi como tambien lo estan los adquiridos por las iglesias fuera de las escrituras de fundacion, ó con posterioridad a estas, .y con fondos que no estuviesen consignados especialmente en la misma para este objeto. Sin embargo, se exceptúan los beneficios y prebendas de los cabildos eclesiásticos que constituyen la congrua sustanciacion de sus individuos durante la vida de estos, ó basta que obtengan prebenda ú otro beneficio eclesiástico. Arts. 5.°,7.0 y 8.o de la citada ley de 13 de junio do 1856,

(2) Arts. 1.,6.0 y 7. o de la ley de 19 de agosto de 1841.

Para no dejar por un tiempo indefinido incierta la cualidad de esos mismos bienes, la accion de los interesados á reclamar su adjudicacion como libres prescribe a los veinte años contados desde el 19 de agosto de 1841, y se trasmite á los siguientes en grado que deben hacer la reclamacion en el término de los cuatro años siguientes; despues de cuya fecha, esto es, desde el 19 de agosto de 1868 estan comprendidos «dichos bienes en la ley general de desamortizacion de 1.o de mayo de 1855 (1).

A consecuencia, pues, de los derechos creados por la legislacion que acabamos de compendiar, los individuos de las familias de los fundadores pueden pedir la adjudicacion de los bienes de las capellanias expresadas, ya se hallen estas vacantes, ya estuvieren poseidas, ó ya pendan de algun litigio; acudiendo para ello ante el juez del partido en que esten situados la mayor parte de los bienes, único competente para conocer de esta materia, sea cualquiera el motivo que en contrario se alegue ó la incidencia que sobrevenga (2).

Presentada esta pretension, el juez manda citar por edictos, que se publican en la Gaceta de Madrid y en el Boletin de la provincia, á todos los parientes del fundador, para que en el término que se les señale en el mismo emplazamiento comparezcan en el juzgado por sí ó por medio de procurador á deducir el derecho que crean asistirles. Si en efecto se presentan otros opositores ademas del que ha promovido el juicio, se les tiene

(1) Ley citada de 15 de junio de 1856. (2) Arts. 6, 9 y 10 de la ley de 19 de agosto de 1845, y 10 de la de 13 de junio de 1836.

por partes, y se sigue la controversia judicial entre ellos; y si es uno solo, con el únicamente se entiende la sustanciacion del juicio; pero en todo caso debe ser oido el promotor fiscal del juzgado, y con él seguirse las actuaciones (1).

No es sin embargo de tal naturaleza la intervencion fiscal en esta clase de litigios, que siempre haya de oponerse aquel funcionario à la reclamacion de los parientes. La representacion de este oficio público no tiene otro objeto, que el de observar el resultado del juicio, para evitar que á título de parentescos falsos ó improbados, ó suponiéndose derechos no reconocidos en las fundaciones, se adquieran bienes que deban corresponder al Estado. En este concepto, los promotores fiscales no pueden deducir pretension ninguna en estos liligios hasta despues de la publicacion de probanzas; en cuyo caso, si encuentran que los litigantes no tienen derecho a los bienes de la fundacion, ya por los términos de esta, ya porque no se haya justificado el parentesco alegado, deben hacer la reclamacion que convenga á los intereses de la Hacienda pública; y por el contrario devolver los autos sin oposicion, si no encuentran fundamento para hacerla. Pero tienen obligacion entonces de consultar préviamente con el fiscal de S. M., para que si el juicio termina en primera instancia, no quede decidido solo con la opinion del promotor (2).

Recibido el pleito á prueba sobre los hechos alegados, y admitidos y practicados las que sean pertinentes, se hace publicacion de probanzas, y se entregan los autos á las partes para que aleguen de bien probado, y al promotor fiscal para el efecto expresado arriba ; y con citacion de todos se dicta sentencia definitiva, declarando el mejor derecho a la propiedad de los bienes en cueslion, ó bien aplicándolos á la Hacienda pública, si no corresponden a los particulares que los hubieren reclamado. Si se adjudican a estos, debe hacerse con la obligacion de cumplir, aunque sin mancomunidad, las cargas civiles y eclesiásticas á que los mismos bienes estuvieren afectos (3); y siempre con la

(1) Real órden de 29 de julio de 1847, circulada en 22 de agosto del mismo.
(2) Real órden de 1.o de mayo de 1850.
(3) Art. 11 de la citada ley de 1841.

declaracion de sin perjuicio de mejor derecho a los mismos, que puede reclamarse en el término de cuatro años contados desde la adjudicacion (1).

Ademas de lo expuesto, deben tenerse presentes al dictarse la sentencia, las siguientes reglas legales:

1.' Son preferibles los parientes que con arreglo á la fundacion provengan de mejor línea, y entre los parientes de la línea preferida, los que fjeren de grado preferente.

2. Cuando en la fundacion se hubieren hecho los llamamienlos en general á los parientes, sin distincion de líneas ni de grados, deben ser preferidos los mas próximos á los fundadores, ó los mas inmediatos á los que los mismos fundadores hubieren desigpado como tronco de la descendencia llamada á poseer.

3. En los casos en que dispongan las fundaciones que alternen las líneas, deben dividirse entre estas los bienes con absolula igualdad, y la porcion correspondiente á cada una debe adjudicarse á los individuos existentes de ella, con la preferencia expresada en las reglas anteriores.

4." Si en la capellania solamente fuere familiar el patronato activo, es decir, el derecho de presentar ó nombrar capellan, tambien debe hacerse la adjudicacion de los bienes en concepto de libres á favor de los parientes llamados á ejercer dicho derecho.

5. Por último, si en la fundacion se hubiere previsto el caso de la extincion de la capellania, y para entonces se dispone la aplicacion que haya de darse á los bienes, debe el juez sujetarse á lo prescrito por el fundador, y darles la aplicacion que este hubiere determinado (2).

Contra la sentencia definitiva dictada en estos juicios proceden los mismos recursos que en los demas pleitos ordinarios; pero cuando estan en segunda instancia, luego que las partes hayan alegado, y antes de la sentencia de vista , deben comunicarse los autos al fiscal de la Audiencia, para el mismo efecto

(1) Art. 4. o de la ley de 15 de junio de 1836.
(2) Arts. 2.0, 3.0, 4.0 y 3.0 de dicha ley do 18 41.

TOMO II.

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que ya se dijo respecto a los promotores fiscales en la primera instancia; de modo que deberá el fiscal oponerse á la adjudicacion decretada, y pedir que se apliquen los bienes á la Hacienda pública , si no está probado el derecho de las partes; y si por el contrario creyere ajustada la sentencia y justificado dicho derecho, debe devolver los autos sin despacho (1), usando eu este caso la fórmula acostumbrada de «El fiscal ha visto estos autos.»

Los pleitos que estuvieren pendientes ante los juzgados eclesiásticos sobre oposicion á dichas capellanias, pueden continuar, á pesar de las prescripciones de la citada de 1841, y adjudicarse aquellas como tales al mejor opositor; pero los interesados que lleguen a obtenerlas quedan en el mismo caso que los que ya estuvieren poseyéndolas (2); y por consiguiente puede cualquiera que se crea con derecho a los bienes, provocar el juicio de adjudicacion de los inismos, continuando no obstante poseyéndolos el capellan á quien se dió la colacion canónica.

(1) Real órden citada do 1.o de mayo de 1850. (2) Art. 8. o de dicha ley.

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